Una de cal... i una de calenta.

Una de cal...

 La multiplicación de casos de fraude detectados por los distintos cuerpos de Inspección del Estado han llevado al Gobierbo a lanzar una auditoría global del uso de los recursos públicos. Una iniciativa que debe ser aplaudida si cumple las elevadas expectativas con las que nace. En tiempos de estrecheces presupuestarias y recortes forzosos, que están afectando incluso a servicios públicos básicos, es indispensable garantizar que cada partida de dinero público se está destinando al mejor fin posible, al más beneficioso para toda la sociedad. En este contexto, la Seguridad Social se apresta a realizar una revisión a fondo de todas las prestaciones que abona actualmente a numerosos beneficiarios. Un minucioso ejercicio de comprobación de que se siguen cumpliendo las condiciones en que concedieron determinadas ayudas encaminado a detectar fraudes como los detectados, por ejemplo, en el uso de tarjetas sanitarias pertenecientes a jubilados por parte de trabajadores activos o la contratación ficticia de cientos de parados para percibir las ayudas previstas para estos casos, y ante el que nada tienen que temer aquellas personas que se encuentran dentro de la legalidad.

Lo que no resulta admisible es que se sigan beneficiando de algunos subsidios aquellos que no los necesitan o que no cumplen las condiciones establecidas para ello y que con su actitud fraudulenta están usurpando a quienes realmente los requieren del derecho a hacerlo. Por eso, Trabajo pretende cruzar todos los datos disponibles por los diferentes departamentos de la Administración, de forma que se estreche al máximo el cerco sobre los defraudadores.

La casuística es variada, pero se trata de contener las vías de agua en el sistema en un momento en que el déficit de la Seguridad Social podría elevarse a final de año hasta los 10.500 millones de euros, una cifra que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, calificó hace poco de “inquietante”. De cara al próximo año, la previsión es que el gasto total en prestaciones aumente un 4,7%, hasta 125.000 millones. Está en juego la sostenibilidad del sistema, por lo que el Ejecutivo ha tenido que adoptar otras medidas, como adelantar la implantación del nuevo método para el cálculo de la revalorización anual de las pensiones.

...i una de calenta.

 Erre que erre, las Administraciones se empeñan en cargar a empresas y ciudadanos con nuevos impuestos para tratar de mantener inalteradas sus estructuras de gasto, evitando aplicarse los ajustes que imponen a la sociedad civil. El ejemplo más reciente es el anuncio de la Generalitat catalana de crear una tasa a las conexiones de Internet para nutrir las subvenciones que anualmente destina a las producciones de cine. Este tributo, en principio no vinculado al idioma en que se realizan esas producciones, deberá ser costeado por las operadoras, que, muy probablemente, por los usuarios finales, por más que ayer las autoridades regionales negasen este extremo. De ser así, los catalanes quedarían obligados a soportar las tarifas de ADSL más elevadas de toda España debido al capricho de sus políticos. Aunque la recaudación anual esperada con este gravamen no es muy elevada –18 millones–, supone cargar fiscalmente una actividad que ya soporta dos tributos municipales: el Impuesto sobre Actividades Económicas y la tasa por el uso del dominio público. Las grandes operadoras, además, están obligadas a destinar el 0,9% de sus ingresos brutos a sostener RTVE.

La Administración regional catalana justifica la medida por el hecho de que estas empresas “ se benefician del consumo masivo de contenidos a través de Internet”. Tamaño ejercicio confiscatorio se califica por sí mismo. A nadie se le escapa que la Generalitat anda a la caza de ingresos con que cuadrar sus deficitarias cuentas –hoy mismo anunciará una subida del Impuesto de Sucesiones– y recortar la petición de fondos extraordinarios al Gobierno central, que conllevan la imposición de medidas de ajuste del gasto. Mientras otras autonomías anuncian próximas rebajas de sus impuestos, Cataluña prefiere dar otra vuelta de tuerca más a la asfixiante presión fiscal que soportan sus ciudadanos.