La alta morosidad, la insuficiente Ley de Unidad de Mercado y el brindis al sol educativo; el quiero y no puedo de Rajoy.

El Gobierno recibió ayer dos mensajes de los directivos de grandes multinacionales que operan en España: en clave positiva, la confirmación de que la imagen de la economía ha mejorado sensiblemente en el extranjero y, por otro lado, la preocupación creciente por la quiebra de la unidad de mercado, el incremento de la morosidad o el afán independentista del nacionalismo catalán. La cumbre liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, en la que también participaron los titulares de Industria, Fomento y Sanidad, además del secretario de Estado de Comercio y el Alto Comisionado de la Marca España, sirvió para evidenciar que España ha vuelto al punto de mira de los grandes inversores internacionales tras abandonar la recesión, debido a la confianza en que la recuperación se consolide los próximos meses. Las empresas parecen dispuestas a aprovechar el potencial de mejora que se vislumbra, aunque plantearon al Ejecutivo la necesidad de que mueva ficha en determinadas áreas.

La divergencia normativa entre comunidades dificulta el desarrollo de negocio de las grandes multinacionales en el país .Pica para ampliar.

Entre las preocupaciones de los representantes de Ford, Volkswagen, PwC, KPMG, Vodafone, Deloitte, E.ON, Accenture, Renault, General Electric, Ericsson, Microsoft, IBM, HP, Siemens, Philips o Coca-Cola llama la atención su insistencia en la dispersión normativa con que se topan habitualmente precisamente el mismo día que el Congreso daba el visto bueno a la Ley de Unidad de Mercado, una reforma que debería servir para reparar esas ineficiencias y trabas internas, aunque la comunidad inversora considera que la norma finalmente aprobada, pese a ser un importante avance, se ha quedado corta y sus efectos prácticos tardarán en poder apreciarse. Otro asunto que genera honda preocupación entre las multinacionales es la incapacidad del Gobierno para poner coto a la insoportable morosidad y el mantenimiento de elevadísimos plazos de pago en comparación con el resto de los países europeos, pese al efecto balsámico, aunque temporal, de los planes de pago a proveedores habilitados por Hacienda para el conjunto de las administraciones. Y en cuanto al riesgo de una hipotética independencia de Cataluña, donde muchas de estas compañías tienen sus sedes, insistieron en la inmediata “deslocalización masiva” que provocaría ese escenario.

Otro brindis al sol con la Educación.

La aprobación definitiva de la séptima ley sobre Educación en los últimos treinta años no servirá para poner fin a la sucesión de cambios en materia educativa que han realizado todos y cada uno de los gobiernos de distinto color político desde la Transición. En vez de procurar una norma que de estabilidad y despolitice la Educación en España, cada Ejecutivo ha tratado de ajustar la regulación docente a sus planteamientos, postergando objetivos más urgentes como revitalizar la comunidad educativa, impulsar la excelencia académica, reforzar una colaboración realmente productiva entre empresas y universidades o reducir las escándalosas diferencias existentes entre la formación que reciben los estudiantes españoles y el resto de los europeos. Esta podía haber sido una ocasión propicia para ello, debido al enfoque de mejora de la calidad educativa con que nació el proyecto de ley, pero esas expectativas iniciales han sido defraudadas por el texto finalmente aprobado. Los partidos de la oposición han preferido azuzar la confrontación política en esta materia en vez de procurar puntos de acuerdo para lograr un pacto a largo plazo, y el Gobierno ha desaprovechado el margen que le otorga la mayoría absoluta para haber aprobado una norma contundente y capaz de sacar al sistema nacional del furgón de cola de la Educación en los países occidentales.

A pesar del anhelo expresado ayer por el ministro José Ignacio Wert de que “haya terminado el tiempo de destruir” en el debate educativo, parece poco probable que así vaya a suceder. La nueva ley nace herida de muerte por las promesas de estas formaciones de derogarla en cuanto sea posible. Incluso, los nacionalistas catalanes y vascos han anunciado que no la aplicaran en las comunidades autónomas dónde gobiernan, lo que agravará la dispersión en materia educativa.