Las infraestructuras frenan como el AVE.

Los planes del Ministerio de Fomento para impulsar la colaboración público-privada con la construcción de las estructuras vinculadas a las líneas ferroviarias de alta velocidad han terminado frustrándose por efecto de las restricciones crediticias y presupuestarias que condicionan a la economía española. De un lado, la banca ha incrementado considerablemente sus exigencias financieras a las empresas interesadas en participar en estos proyectos, lo que, teniendo en cuenta las rentabilidades previstas, ha terminado por frenar a muchos grupos. Además, en su contra juega lo sucedido con la quiebra concatenada de las distintas autopistas de peaje (un asunto muy espinoso que el departamento que dirige Ana Pastor aún debe resolver), pese a ser un modelo de adjudicación distinto. Por otro lado, la prioridad de controlar el déficit público, sobre todo después de que el pasado viernes la Comisión Europea pusiese en duda la capacidad de España para cumplir con los objetivos marcados para los tres próximos años, ha dado la puntilla a este programa, debido a que la deuda de los proyectos en que participase el gestor público de infraestructuras ferroviarias antes de su segregación computaría como déficit.

En estas circunstancias, quedan en el aire obras de seguridad, electrificación y comunicaciones por un importe global de 1.500 millones de euros, en las que iban a participar compañías como Alstom, Bombardier, Thales, Siemens, Isolux y ACS, entre otras. Ahora, Fomento deberá buscar la alternativa más eficaz para llevar adelante estos proyectos que son esenciales para el mantenimiento de las vías del AVE. En todo caso, será un proceso más lento y gradual, lo que podría comprometer el calendario previsto de desarrollo de la alta velocidad hacia Murcia, Granada o Galicia. Para evitarlo, la financiación deberá ser aportada por la propia Adif a través del crédito puente sindicado de 890 millones de euros concedido por Société Générale, Crédit Agricole, CaixaBank, BBVA, BNP Paribas y Santander, que con posterioridad se convertirán en una emisión de bonos, aprovechando el margen de financiación que concede el descenso continuado de la prima de riesgo de la deuda pública española.

Esta solución, si bien soluciona el problema coyuntural surgido con las obras de mantenimiento y desarrollo del AVE, no resuelve sin embargo la tarea pendiente del escaso desarrollo de la fórmula de la colaboración público-privada en España, lo que constituye un hándicap de futuro para la economía nacional.