El Gobierno ultima un regalo de Papa Noel para los españoles: una inminente subida de la tarifa eléctrica del 14%.
Resulta difícil entender qué pretendía el Gobierno al introducir a última hora del pasado viernes y sin haber comunicado previamente una enmienda a la reforma eléctrica para anular las aportaciones presupuestarias para cubrir el déficit de tarifa generado en 2013 hasta el máximo de 3.600 millones de euros previsto en la propia norma. Esta decisión inesperada y contradictoria con las declaraciones realizadas en las últimas semanas por los ministros de Hacienda e Industria sólo puede contribuir a generar más confusión e incertidumbre de la ya existente a raíz de la aprobación de una reforma que no contenta a nadie y que ya había provocado un importante coste a las empresas del sector energético. Impacto que se vio acentuado ayer con el desplome de sus cotizaciones en bolsa, que se depreciaron 1.500 millones de euros en conjunto, con caídas de hasta el 3,5% para Acciona y Red Eléctrica, mientras que los títulos de Endesa, Iberdrola y Gas Natural bajaron entre un 1% y un 2% en la sesión.
Y es que la marcha atrás del Ejecutivo en esta materia obligará a las compañías eléctricas a buscar financiación alternativa con que compensar unos ingresos equivalentes a una subida del 14% que ya habían contabilizado en sus balances del ejercicio a punto que está a punto de concluir.
Y es que la marcha atrás del Ejecutivo en esta materia obligará a las compañías eléctricas a buscar financiación alternativa con que compensar unos ingresos equivalentes a una subida del 14% que ya habían contabilizado en sus balances del ejercicio a punto que está a punto de concluir.
La indignación en el sector es creciente ante la sospecha generalizada de que los nones de Hacienda a cargar el coste del déficit generado este año contra los presupuestos, como estaba previsto en la propia reforma que aprobó el Consejo de Ministros en julio, se deba únicamente a la necesidad de evitar un nuevo desfase presupuestario que llevaría a incumplir los objetivos de déficit público marcados por la Comisión Europea. El sector eléctrico se opone a ser el pagano de los posibles errores de previsión que haya podido cometer el Gobierno para cumplir sus compromisos con Bruselas, como ya advirtió hace semanas el propio Ejecutivo comunitario. Especialmente el conjunto de la Administración acumula grasa suficiente para lograr un ahorro semejante por la vía de una reforma profunda y valiente del sector público. Por el contrario, la opción elegida genera inseguridad jurídica, un elemento esencial para atraer inversión extranjera y, sobretodo, el castigo al ciudadano con un previsible incremento en los próximos días del 14% de la factura eléctrica para compensar esos 3.600 millones ya contabilizados por las eléctricas.
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