El plan Nacional de la Calidad de las Aguas, el último clavo ardiendo para el sector de las Infraestructuras.

Congelados los planes previstos de inversión público-privada para el desarrollo de las estructuras ligadas a las líneas ferroviarias de alta velocidad a causa de las restricciones crediticias y presupuestarias, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas es la última esperanza del sector para los próximos años. Este programa, de ejecución obligatoria para cumplir con varias directivas europeas, aspira a movilizar durante los próximos tres años hasta 4.500 millones de euros; lo que le convertiría en uno de los programas más relevantes de inversión en obra pública desde el inicio de la crisis. Y lo hará a muy corto plazo, ya que los tiempos de ejecución comprometidos con la Unión Europea están muy cerca de cumplirse. Nada más iniciarse 2014 debe licitarse un primer paquete de obras hídricas por valor de 500 millones. Una premura que podría provocar que la presencia de capital privado en ella sea testimonial o nula, algo que el Ministerio de Agricultura y las autonomías planean cubrir con remanentes presupuestarios.

Pero la piedra de toque de estos programas de inversión mixta será la licitación de 4.000 millones en obras que deberían estar asignados antes de que termine el año que está a punto de empezar. Para incentivar la participación del sector privado, la recuperación de las inversiones será a través de un incremento en las tarifas del agua, que para el consumo urbano podría llegar a elevarse hasta un 50%. La garantía de los retornos durante un periodo de 20 ó 25 años, la mejora de la confianza inversora en la economía española, la caída sostenida de la prima de riesgo de la deuda nacional y el regreso progresivo de los grandes inversores a España deberían contribuir a atraer el capital privado necesario para el desarrollo de estos proyectos, fundamentalmente centrados en tareas de depuración de aguas.

Si bien parece razonable que ante la incapacidad de financiar estas inversiones ya comprometidas ante las autoridades comunitarias, y que de no llevarse a cabo acarrearían importantes sanciones, el proceso vaya a repercutir sobre las tarifas del agua, el Gobierno debe garantizar que el encarecimiento de la factura de hogares y empresas es proporcionado, razonable y progresivo.