La corrupción imperante salpica a la Agencia Tributaria.

La dimisión presentada ayer por el número dos de la Agencia Tributaria, Luis Jones, debido a “notables diferencias” con el director general Santiago Menéndez, que sólo lleva cinco meses en este cargo tras la salida forzada de Beatriz Viana por la falsa adjudicación de inmuebles a la Infanta Cristina, viene a elevar la dimensión de la crisis de imagen y credibilidad en que se haya inmerso este organismo. Una situación límite que requiere de una intervención ágil y contundente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable último de la agencia, para restablecer los valores de seriedad y fiabilidad intrínseca a la institución responsable de velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias de todos los españoles sin privilegios y de la lucha contra el fraude. Ese cortafuegos debe aplicarse con la mayor urgencia posible.

Beatriz Viana.

Las sospechas surgidas en torno a los criterios que guían la actuación de la cúpula de la Agencia Tributaria tras la anulación de una multa millonaria a la multinacional Cemex, que motivaron la dimisión del responsable de grandes contribuyentes del organismo, cuya baja todavía no ha sido cubierta pese a la importancia del cargo en un momento como el actual, suponen un riesgo reputacional inasumible. Ante el enconamiento de esta crisis interna, la auditoría sobre los ceses que adelantó Menéndez se antoja insuficiente. Reza el refrán que la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo. En el caso de la Agencia Tributaria, no puede haber la más mínima sombra de duda sobre su integridad e imparcialidad, pues, de lo contrario, se tirarían por tierra los esfuerzos realizados durante muchos años por grandes profesionales en la lucha contra la economía sumergida y los comportamientos fraudulentos.

Santiago Menéndez.

Difícilmente se podrá acabar con la tradicional complacencia de la mayor parte de la ciudadanía con los defraudadores, como reflejan las propias encuestas de la Agencia, si se extiende entre la opinión pública la impresión de que las injerencias políticas han condicionado o están condicionando la labor de los inspectores de Hacienda, o que quienes más recursos tienen consiguen evitar con facilidad el pago de impuestos. E igualmente no podrán comprenderse actuaciones poco ortodoxas al perseguir el fraude en el pago del IVA como la personación de los inspectores en bodas, bautizos, comuniones, fiestas patronales o las actividades organizadas por colegios y comunidades de vecinos.