España y su enésimo fracaso energético.

Es difícil comprender la reacción sobreactuada del Gobierno ayer tras el resultado de la subasta del mercado eléctrico Cesur, que determinó una subida de casi el 30% en los contratos mayoristas de electricidad, lo que obligará al Ejecutivo a encarecer el recibo a los consumidores entre un 10% y un 11% a partir de enero. El ministro de Industria, José Manuel Soria, expresó en público sus sospechas de una posible manipulación de la puja, elevando así el tono de sus desencuentros con el sector, que se iniciaron hace unos días con el anuncio de que el Gobierno no asumiría el déficit de tarifa generado en 2013, unos 3.600 millones, a pesar de que se había comprometido a hacerlo en la reforma en curso del sector, y el inicio de una investigación de Competencia por el aumento de los precios del mercado mayorista de electricidad, conocido como pool. Este clima de enfrentamiento abierto no beneficia a nadie, especialmente a los consumidores, tanto particulares como corporativos, para quienes un incremento de los precios de la luz de este calibre sería un varapalo considerable e inconveniente, al producirse en el año en que debía certificarse la recuperación de la economía española.

A la luz del resultado de la subasta, Soria anunció que va a estudiar cómo modificarla por ley para que no haya margen a “ninguna manipulación” en el futuro. Una proclama sorprendente viniendo del máximo responsable de la reforma más amplia del sector eléctrico en décadas, todavía en tramitación parlamentaria, y que revela que los cambios en la regulación del sector han fallado estrepitosamente. Esta opción fue suscrita ayer de forma unánime por los partidos de la oposición, que reclamaron un replanteamiento global de una reforma que desagrada a todos los agentes del sector. La ausencia de un marco estable ya ha provocado una caída notable de las inversiones que venían realizando las empresas energéticas en España, lo que implica un brusco freno del impulso de esta industria en el conjunto de la economía.

Resulta perentorio dotar de más transparencia a un proceso que condiciona de manera considerable la vida de empresas y familias, que han asistido impotentes al encarecimiento de la tarifa eléctrica en un 63% desde 2003. El precio final de la luz para los hogares ya es el tercero más alto de Europa, sólo superado por Chipre e Irlanda, mientras que para empresas es el octavo más elevado. Al tiempo, la deuda del Estado con las compañías eléctricas se ha disparado por encima de los 30.000 millones de euros. Un contrasentido que sólo se puede explicar por la desafortunada intervención de los diferentes gobiernos de PSOE y PP para modificar la regulación del sector en base a criterios que poco tenían que ver con el interés general.