sábado, 29 de mayo de 2010

Crisis de Estado. José María Carrascal.

LA crisis económica española es ya una crisis de Estado. ¿La prueba? Lo ocurrido en las últimas sesiones de ambas Cámaras, donde los partidos, en vez de aunar esfuerzos para sacar al país del agujero en que se encuentra, como ocurre en todas las Cámaras del continente, se lanzan acusaciones como venablos y gritos como guijarros. Una situación que no va a mejorar porque Zapatero haya logrado salvar por la mínima sus medidas de ajuste. Al revés, va a empeorar, ante el desconcierto angustioso de la ciudadanía y la desconfianza creciente de los mercados internacionales. Todo por su forma de gobernar. O, mejor dicho, de no gobernar, ya que su Gobierno consiste en ignorar los problemas importantes y dedicarse a los superfluos, en gastarse el dinero en bagatelas mientras descuida las necesidades, en librar viejas batallas en vez de afrontar los nuevos desafíos, en sembrar el rencor entre los españoles en vez de buscar lo que les une. La talla de un gobernante se mide por su capacidad de unir a los gobernados por encima de las diferencias que pueda haber entre ellos. El debate de ayer en el Congreso nos ofreció la imagen más exacta del fracaso de Zapatero: incluso quienes se abstuvieron, permitiéndole sobrevivir por la mínima, criticaron con tanta o más dureza su gestión que quienes la rechazaron categóricamente. Si los discursos en las Cortes fueran un referéndum sobre el presidente, su derrota hubiese sido aplastante, al obtener tan sólo el endoso de los suyos. Si sobrevive es gracias a algún grupo parlamentario que, temiendo las consecuencias de que España se quede sin gobierno en situación tan crítica, han preferido mantenerle, como esas vigas externas que sostienen las casas que se derrumban.
Los demás han preferido correr ese riesgo y rechazado las medidas propuestas. No como castigo al Gobierno, sino por tres razones igualmente legítimas. La primera, porque esas medidas son improvisadas e injustas, al cargar sobre los más débiles. La segunda, porque no han sido consensuadas con la oposición, sino impuestas desde fuera, sin tener en cuenta las características especiales de nuestro país. La tercera, porque no hay garantías de que las cumplirá un Gobierno que cambia de opinión de un día para otro. Un presidente que, con la que está cayendo, tenía previsto irse a Brasil a reflotar algo tan gaseoso como la Alianza de Civilizaciones y sólo ha cancelado el viaje cuando alguien le ha advertido que a lo mejor ni necesitaba regresar, es un peligro público.

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