Hacienda somos todos, menos comunidades autónomicas sebadas y quebradas, claro.

Hacienda aprieta, pero no asfixia, a las comunidades autónomas. Después de inyectarles en los dos últimos ejercicios 91.000 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica y de los distintos planes de pago a proveedores, y de habilitar un déficit para este ejercicio superior al inicialmente previsto para los gobiernos autonómicos que rebasaron en 2012 el tope máximo fijado, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro prepara una nueva inyección de liquidez específica para estas administraciones. De cara al año 2014, el ministerio cederá a las regiones de forma permanente el Impuesto de Patrimonio, un gravamen obsoleto y que se ha convertido en una rara avis en el marco europeo, pero que el anterior Ejecutivo recuperó de forma temporal –compromiso que asumió el actual Gobierno, pero que ahora parece dispuesto a incumplir– con tal de sostener la declinante recaudación fiscal. Vista la gran pérdida de ingresos tributarios de las autonomías, Hacienda ha hallado en esta figura impositiva una manera de calmar las continuas reclamaciones de nuevos fondos por parte de los ejecutivos regionales. Es de suponer que esta medida forme parte de la oferta que el Gobierno trasladará a las autonomías como parte de la revisión obligatoria del sistema de financiación autonómica.

Pero esta medida, por necesaria que parezca para que la salud de las finanzas regionales no se convierta en un quebradero de cabeza permanente para el Ejecutivo y un riesgo para la solvencia de la economía española, resulta inconveniente puesto que supone un castigo para la única comunidad que no aplica actualmente este impuesto (Madrid) e implica la permanencia en el tiempo de un tributo caduco, injusto –ya que grava rentas y activos que ya han tributado IVA, IRPF e, incluso, IBI– e ineficaz. Su recaudación es bastante baja debido a que los grandes patrimonios disponen de mecanismos para eludirlo y, por tanto, termina siendo soportado únicamente por rentas medias. El Gobierno también planea transferir a las autonomías el impuesto a los depósitos bancarios y el mal llamado “céntimo sanitario” sobre los carburantes, además de aumentar el plazo para que devuelvan al Estado los excedentes de los anticipos percibidos en ejercicios anteriores.

Se echa de menos, sin embargo, que Hacienda haga más hincapié en la necesidad de que las comunidades sigan recortando su abultada y costosa estructura administrativa, la única manera de que puedan ser financieramente sostenibles.