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viernes, 13 de diciembre de 2013

Una Hacienda mejor es posible.


 Un año después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciase a bombo y platillo la publicación de la lista de los grandes defraudadores parece que algo comienza a moverse en este sentido. El marco normativo que ampare esta iniciativa novedosa está siendo ultimado por su departamento. Tras su entrada en vigor, su departamento estará habilitado legalmente para revelar la identidad de aquellos contribuyentes que adeuden o hayan defraudado, en principio, más de 100.000 euros al Fisco. Es decir, no sólo quedarán expuestos a la reprobación pública las personas físicas y jurídicas que traten de eludir el pago de sus obligaciones tributarias, sino también los que acumulen una deuda importante con la Administración. En medio de la grave crisis actual, muchas compañías han debido recurrir a esta solución temporal ante la falta de liquidez y otros problemas de tesorería, una artimaña que Hacienda no ve con agrado pero que ha venido consintiendo para evitar que se agrave la destrucción de empleo.



Nadie pone en duda que esta medida tendría un efecto ejemplarizante claro, aunque el Ministerio de Hacienda haya tardado más de lo deseable en implantarla. Por otro lado, la medida llegaría en un momento delicado para la Agencia Tributaria, cuya credibilidad e independencia ha quedado en entredicho últimamente por las controvertidas dimisiones y ceses que se han sucedido en este organismo. La sospecha de que condicionantes políticos puedan estar determinando las actuaciones de los inspectores fiscales, un extremo que Cristóbal Montoro volvió a desmentir ayer de forma tajante, contribuyen a reducir el apoyo ciudadano a este tipo de actuaciones poco ortodoxas, ya de por sí bajo debido a la tolerancia con el fraude fiscal que habitualmente confiesan la mayoría de los contribuyentes encuestados por la propia Agencia Tributaria. Como decíamos en esta misma web la semana pasada, no puede existir la más mínima sombra de duda sobre la labor de los profesionales de Hacienda en la lucha contra el fraude ni en torno a los criterios ni objetivos que les marcan los dirigentes de esta institución.



La oferta que realizó el ministro a los principales grupos de la oposición para elaborar un Estatuto profesional que estandarice los nombramientos y ceses en la Agencia Tributaria debe dar pie a un proceso que dé a luz un organismo más independiente, más creíble y libre de cualquier sospecha de politización.


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