¿Más crédito en el país de los 10.000 concursos? Francisco J. Zamorano.

Cinco años de crisis están generando un gran número de empresas en problemas, especialmente en el mundo de las pymes, y enormes dificultades de acceso al crédito. ¿Debemos las entidades financieras aportar más crédito, apoyar refinanciaciones y reestructuraciones en un país que viaja peligrosamente hacia los 10.000 concursos de acreedores en un año?

Ya anticipo que mi respuesta será sí, más crédito. Pero siempre que no se sobreestimen los derechos del deudor sobre los del acreedor, pues eso sólo conduce a la sequía. A los bancos nos interesa la recuperación del crédito a las empresas; a los accionistas de las empresas, la recuperación de su inversión; a la sociedad, la recuperación de los puestos de trabajo que se pierden. Al Estado, reducir el paro y ahorrar gastos sociales.

Partamos de la base real. En España, el ritmo de procedimientos de insolvencia empresarial está creciendo a un ritmo del 26%, cuando en la media de la UE y en EEUU ya están decreciendo. En España, sólo en un 1,35% de los concursos de acreedores hay una propuesta anticipada de convenio. Y digamos también que los bancos ya no podemos usar el viejo truco de capitalizar deuda, asunto muy penalizado por la ley concursal a pesar de que sería extraordinariamente beneficioso para unas empresas muy endeudadas.

¿Deben pues las empresas seguir concursando para morir o debemos los bancos impulsar su regeneración? Esa es la clave de nuestro trabajo y, con toda humildad, expongo cinco posibles actuaciones a realizar por las entidades bancarias, las autoridades y los empresarios que ayudarían a facilitar la reestructuración de empresas con problemas, pero viables.

A) ¿Qué debemos hacer las entidades bancarias?

1. Gestionar las reestructuraciones primando la recuperación del crédito concedido y la viabilidad futura de la empresa. Aunque la contabilidad bancaria española nos obligue a reflejar como dudosa una refinanciación, debemos hacerla y provisionarla si con ello incrementamos las oportunidades de la empresa. Porque aumentamos también las posibilidades de recuperación del crédito.

2. Diferenciar las reestructuraciones en función de la actitud y el comportamiento del empresario y su equipo gestor. Privilegiemos a los empresarios transparentes y dispuestos a luchar por su empresa y arriesgar su patrimonio. La mayoría de los concursos se presentan para salvar la responsabilidad de los administradores, no para salvar la empresa.

B) ¿Qué deberían hacer las administraciones públicas?

3. Que la nueva financiación concedida en una reestructuración sea preferente sobre todas las demás, incluso si posteriormente se declara un concurso de acreedores. Si además establecemos que la entidad que la conceda se beneficie respecto al resto de bancos en sus otros créditos, el incentivo a dar nueva liquidez será muy grande.

4. Las empresas se ahogan por el circulante, pero es ahí donde más sombras encontramos (“papel pelota”, desvíos de cobros, certificaciones falsas,…). Reforcemos los derechos de cobro del circulante, reconozcamos un privilegio singular al descuento de recibos y facturas en las situaciones concursales. Penalicemos de verdad a quien lo utiliza mal (existen empresas que han descontado en seis bancos diferentes la misma factura, sin ninguna penalización).

C) ¿Qué deben hacer los empresarios con problemas?

5. Adoptar las medidas necesarias para salvar su empresa, incluso cambiar el equipo directivo, vender activos o ceder un porcentaje del capital a un tercero. Conviene implicar a los accionistas y trabajadores. Hemos comprobado que, cuando los trabajadores y accionistas de una compañía conocen la realidad y creen en su viabilidad, aportan más y se sacrifican por el bien de la empresa.

Viable es una empresa no sólo por lo que su contabilidad refleje. El análisis contable de años anteriores nos ayuda a detectar errores. Pero es aún más relevante en una empresa en crisis analizar la capacidad del empresario y de su equipo de gestión para sacar adelante el proceso. Las reestructuraciones tienden a ser muy largas, no bajan de los 4-6 meses. Es lógico que provoquen el desánimo del empresario, de sus empleados y accionistas y de las entidades financieras. Por eso, es fundamental acortarlos con decisiones ejecutivas desde los bancos acreedores.  

Una empresa recuperada es un crédito cobrable, una insolvencia menos y más personas con trabajo. Cuando digo más crédito y menos concursos, no lo escribo como un eslogan. Es una llamada de atención, pues nuestra legislación concursal penaliza hoy a los administradores por no solicitar un concurso y no les incentiva a evitarlo cuando tenían la posibilidad de hacerlo.

Francisco J. Zamorano Director general UGAS-NCG Banco