Bajar el IRPF a las clases medias sería ideal y, lo que es más importante; factible.

La reforma fiscal que prepara el Gobierno para 2014, cuyas bases ha encargado a un grupo de expertos que encabeza Manuel Lagares, debería encaminarse a reducir la elevada presión tributaria que sufre actualmente la clase media. La fatídica combinación de las subidas del IRPF, el IVA y otros treinta tributos con los que las diferentes Administraciones han tratado de compensar la intensa pérdida de recaudación provocada por la crisis se ha cargado, de forma excesiva, sobre las rentas medias y bajas, como han venido denunciando diversos fiscalistas, lo que ha supuesto un duro golpe al consumo interno. Ahora que Europa ha concedido un margen adicional de dos años para cumplir los objetivos de reducción del déficit público y que la economía nacional comienza a emitir signos evidentes de que se encamina hacia la recuperación, el Ejecutivo tendría que destinar, a la mayor brevedad posible, todo el sobrante presupuestario a rebajar los impuestos a familias y empresas como mejor vía de incentivar la inversión, el empleo y el consumo.

Una de las vías para hacerlo pasaría por realizar una enmienda a la totalidad a la última revisión del IRPF llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista y recuperar el llamado sistema de mínimos vitales que había estado vigente hasta entonces. Alguno de los expertos que integran la Comisión para la reforma fiscal vaticina que, de esta manera, se podría llevar a cabo una rebaja sensible del IRPF: el tipo más bajo bajaría casi en diez puntos (con la reforma diseñada por Pedro Solbes, los tipos marginales más bajos se incrementaron del 15% al 24%). El desequilibrio entre los altos tipos de los grandes impuestos en España y la relativamente baja recaudación que se logra con ellos es uno de los fallos del sistema tributario más urgente de subsanar, especialmente después de que se haya comprobado que el incremento general del IRPF que aprobó el Gobierno a finales de 2011 haya provocado en el 48% de las declaraciones de Renta (unos 9,3 millones) una pérdida de recaudación de 2.300 millones de euros, al superar los umbrales que los expertos consideran excesivos.

Es cierto que la reforma fiscal debe ser más amplia y abordar el funcionamiento de otros gravámenes como los de Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y los tributos de las comunidades autónomas, pero anticipar la puesta en marcha de aquellas medidas que afecten de forma más positiva a los ciudadanos tendría la virtud de contribuir a una salida más acelerada de la crisis.