De los necesarios retoques de la Reforma Laboral a la morosidad que asfixia a la banca.

El Gobierno está preparando un informe sobre los resultados de la reforma laboral, que entró plenamente en vigor como ley hace exactamente un año. Los verdaderos resultados de esta trascendental reforma se podrán comprobar cuando la economía empiece a crecer y sus resultados puedan trasladarse con mayor rapidez al empleo. Cuando, en definitiva, la elasticidad de la economía sea mayor que la que había antes de la crisis. Y, para eso, es necesario ajustar los cambios. Como dice el presidente de la CEOE, Juan Rosell, Alemania necesitó, a principios de siglo, varias modificaciones seguidas en el mercado de trabajo hasta que encontró el punto que adaptaba el funcionamiento de sus empresas a la oferta y la demanda. Hoy tiene una tasa de paro del 7,5% de la población activa; veinte puntos menos que la española.

Hace bien el Gobierno en continuar con los ajustes en el mercado laboral y en, particular, en escuchar a las empresas, que son las principales responsables de la creación de empleo. Y, para ello, es necesario que el Ejecutivo despeje de una vez los temores de los empresarios sobre el coste de la contratación y del despido de los trabajadores si tiene que prescindir de ellos. En este sentido, es necesario que el Gobierno resuelva todos los problemas que se están planteando en los tribunales a los expedientes de regulación de empleo. Casi se podría decir que algunos jueces están planteando una contrarreforma en toda regla, porque son muy exigentes con las empresas, a las que piden que demuestren profusamente las razones del despido. De la misma forma, el Ejecutivo debe resolver el marasmo de las fórmulas de contratación, que se piden a los empresarios. Se necesitan pocos contratos y muy sencillos para no sumir a las pequeñas y medianas empresas –el 95% del tejido productivo– en la confusión. Todo lo que sea avanzar por esa senda será bueno para el empleo, que es de lo que se trata.

Es verdad que la creación de empleo es la mejor manera de comprobar si dan resultado los cambios en el mercado de trabajo y que, por esta razón, la izquierda política y los sindicatos sostienen que la reforma laboral ha fracasado, ya que el paro ha alcanzado los niveles más altos de la historia, con 6,2 millones de desempleados, lo que supone el 27,2% de la población activa. Sin embargo, es una crítica injusta que omite que en los últimos seis años España ha atravesado una depresión económica. No puede calificarse de otra manera la desaparición de, al menos, medio millón de empresas, y más de tres millones de empleos. Es en los tibios brotes de la recuperación donde se deben dejar notar los cambios en legislación laboral.

La morosidad aprisiona a la banca.

Pica para ampliar

La gestión de la morosidad vuelve a situarse entre las prioridades de la banca. Diluido el efecto del traspaso de activos tóxicos a la Sareb por las entidades participadas por el FROB y de otras operaciones, la tasa de mora del sector financiero repuntó en mayo con fuerza y se situó en el 11,27% de su total de créditos, cerca de nuevo de los máximos alcanzados en noviembre del año pasado. Una evolución que refuerza el mensaje expresado recientemente por los líderes del sector financiero alertando del impacto que está teniendo en el crédito el deterioro de la coyuntura y la perniciosa combinación de crecientes exigencias regulatorias y mejoras obligatorias del capital. El resultado: un descenso del crédito que fuerza a la banca a elevar sus provisiones, que, en conjunto, son un 32,8% superiores a las de hace un año, hasta sumar 116.004 millones de euros, el 68% de los créditos dudosos. Además, en los próximos meses las entidades españolas deberán realizar dotaciones adicionales para cumplir con la nueva normativa con que el Banco de España ha endurecido los criterios de las refinanciaciones crediticias, tanto a particulares como a empresas; y asumir costes sobrevenidos como los del canje de las preferentes, la supresión de las cláusulas suelo, las polémicas normativas autonómicas antidesahucios y los límites a la remuneración de los depósitos.