Ya tenemos Reforma Local... más decepcionante que ninguna otra.

Este Gobierno pusilanime y cobarde no aprende, no corrige, no se merece la mayoría absoluta que el pueblo le otorgó para realizar cambios drásticos en un país que se iba y se va a pique. Montoro presentó con satisfacción una Reforma Local que no penaliza a los Ayuntamientos incumplidores y despilfarradores. Si las Autonomías se fueron de rositas; los Ayuntamientos no iban a ser menos respecto a la intervención por mala praxis, que es la que termina castigando duramente al ciudadano y contribuyente. Esta vez el Gobierno mostró cobardía ante el guiño del Constitucional hacia los municipios y el miedo ante los partidos nacionalistas instalados en la Administración Local... y ni por esas se salvaron de una nueva rebeldía de Cataluña que fue secundada por el País Vasco. ¿A quienes quieren engañar con semejantes fuegos de artificio?

Nace por fin la reforma local, pero el proyecto de ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros poco tiene que ver con el que presentó el Gobierno hace unos meses y os adelanté en la bitácora. La contestación que generó el primer texto dentro y fuera de las filas populares y el duro varapalo que le asestó el Consejo de Estado, que cuestionó la constitucionalidad de la espina dorsal de la norma, la imposición de un coste estándar por la prestación de servicios, han dejado algunas de las exigencias iniciales de Hacienda sin efecto. Sin embargo, el Ministerio mantiene la previsión de que la norma, que limita sueldos y plantillas e incentiva fusiones de municipios, ahorre más de 8.000 millones de euros hasta 2019, aunque ahora el ministro, Cristóbal Montoro, matiza que “lo importante ya no es la cifra sino la labor de reordenación de las competencias locales”.

El ministro subrayó que el objetivo de la norma sigue siendo el mismo: eliminar duplicidades en una reforma estructural que acabe con las competencias impropias que soportan los ayuntamientos. “Se trata de un texto promunicipalista”, destacó, “que coloca a los municipios en el lugar que se merecen”. Además, el ministro recordó que esta reforma la llevaba el PP en su programa electoral y que, de hecho, la esgrimió Rajoy en el discurso de investidura.

El coste estándar, que suponía la imposición bajo amenaza de intervención de un coste máximo por servicio que no distinguía entre las variadas circunstancias de los municipios, ha sido sustituido por el coste efectivo, un parámetro que se irá definiendo “caso por caso”, municipio por municipio, y que ponderará las circunstancias geográficas, financieras y demográficas de cada uno. Si el ayuntamiento rebasa esta cantidad única e intransferible que le ha sido asignada, la Diputación asumirá la prestación de las competencias –aunque no se producirá la intervención que preveía el primer texto–. O sea, más de lo mismo pero con diferente cura.

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Montoro admitió ayer que hubo un error de Hacienda al pretender que las Diputaciones intervinieran municipios que no cumplieran con el coste estándar y quiso hacer gala de haberlo enmendado con el coste efectivo: “Si [el Consejo de Estado] avisa de que una figura puede limitar la autonomía municipal, pues esa figura no vale”. “Está bien que desaparezca, estamos para cambiar”, reconoció. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, celebró ayer que el coste estándar haya desaparecido.

La pérdida de competencias por parte de las entidades locales queda eliminada del proyecto de ley, según explicaron fuentes de Hacienda, y sólo aquellos municipios con problemas financieros, en sus planes de ajuste económico-financieros, podrían incluir la opción de “coordinar" determinadas funciones con las diputaciones provinciales, aunque sigan manteniendo la titularidad de la competencia.

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Además, todas las entidades locales deberán publicar el coste efectivo de sus servicios, lo que según Montoro es un elemento de transparencia con el que se “gana” en términos de “publicidad y comparación”, por el que los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer el coste de un servicio en su municipio y compararlo con entidades similares. “Será un ejercicio democrático muy sano”, aplaudió.

El ministro admitió la dificultad de aplicación de estos parámetros, que fió a la práctica: “Estamos aprendiendo, todos somos nuevos en esto”, reconoció.

El objetivo principal de la reforma es la clarificación competencial y el fin de la prestación –al menos, no retribuida– de competencias impropias por parte de los consistorios, que el Instituto de Estudios Fiscales ha cifrado en cerca del 20% de las que ofrecen, con un incremento del gasto público municipal de 13 223 millones. Por primera vez, se definen tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local. Sólo se permite que los ayuntamientos ejerzan las competencias que están previstas en la Ley, salvo cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad.

En cuanto a la delegación de competencias, debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del 100% del coste y su cobro garantizado.

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La reforma limita el alcance de las competencias a temas de interés exclusivamente local en materia de vivienda, turismo, servicios sociales (evaluación e información de situaciones de necesidad social o atención inmediata por exclusión social), sanidad (protección de la salubridad pública y relacionadas con cementerios y servicios funerarios), y educación (participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes).

Además, se produce una reordenación de competencias que hasta ahora se atribuían a los municipios. En materia de salud, las competencias relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud se reasignarán a las comunidades a lo largo de cinco años.

A su vez, las competencias relativas a la prestación de los servicios sociales pertenecerán a las autonomías, proceso que se articulará en un año. Y en materia de servicios de inspección sanitaria, corresponde a las comunidades prestarlos en seis meses. Montoro negó que este proceso implique la privatización de los servicios sociales.

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Fuentes de Hacienda admiten que las comunidades no recibirán más financiación para las nuevas competencias, aunque remitieron la ordenación de este proceso a la reforma de la financiación autonómica que se va a desarrollar el año que viene para que entre en vigor en 2015.

Aunque ya no se intervendrán municipios y el control financiero de los entes locales lo realizarán las comunidades, la norma pretender potenciar el papel de las Diputaciones, que podrán coordinar servicios mínimos obligatorios de municipios de menos de 20.000 habitantes. La FEMP destacó ayer que compartirá el refuerzo de las Diputaciones “siempre que el traspaso de servicios sea de acuerdo con los ayuntamientos”.

En el último momento el Gobierno ha introducido un incentivo a las fusiones voluntarias de municipios colindantes y en la misma provincia. A cambio, obtendrán una mayor financiación, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios obligatorios por aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras u obras.

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En cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, las entidades que incurran en déficit deben incluir en su Plan Económico-Financiero la supresión de competencias impropias, una propuesta de fusión con otro municipio y gestionar de forma integrada servicios con las Diputaciones. Ante el fracaso del plan de supresión de empresas públicas, la norma intentará racionalizar su número.

El texto mantiene la limitación salarial de los cargos públicos fijando como criterio las retribuciones de los secretarios de Estado (cien mil euros brutos anuales) de base para municipios de más de 500.000 habitantes. Se limitará, en función de la población, el número de cargos que podrá tener dedicación exclusiva.

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También se reduce el número de personal eventual en función de la población y se busca profesionalizar el empleo público local, para lo que se reservará a funcionarios de carrera los puestos de coordinadores. Los municipios son quienes más empleo público han destruido en 2012, según acaba de publicar Hacienda. Así, el ministro resaltó que los ayuntamientos ya han ahorrado 4.200 millones en su liquidación presupuestaria de 2012, un 9,2% más. Ahora se librarán del coste de las competencias impropias, lo que ha soliviantado a las comunidades.