La reforma judicial que se nos avecina al detalle.

El mapa judicial de España podría dar un vuelco de 180 grados. Una de las medidas más ambiciosas que se ha propuesto sacar adelante el Ministerio de Justicia en esta legislatura es la de replantear la organización judicial en nuestro país, adecuando a las nuevas realidades sociales la distribución de juzgados y efectivos a lo largo y ancho de la geografía española.

La idea es agrupar juzgados y reestructurar el sistema para aprovechar sinergias con una economía de escala, optimizando los medios materiales, personales y temporales de la Administración de Justicia.

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Para llevar a cabo esta reforma de calado en las estructuras judiciales españolas, el Ministerio de Justicia designó un comité de expertos con el fin de que elaborara un texto articulado que sirviera de punto de partida. No obstante, tal y como se ha esforzado en repetir el Ministerio, la reforma que finalmente se acometa en este ámbito no tiene por qué seguir exactamente lo propuesto por la comisión de expertos. El texto definitivo del Ministerio se espera para el mes de octubre.

¿Por qué esta reforma?

Según explica la comisión de expertos en la exposición de motivos del texto entregado a Justicia, la necesidad de esta reforma viene determinada por la transformación de la sociedad que se ha producido en los últimos 20 años, con un incremento de más de un 15% de la población y un aumento de la litigiosidad del 100%. En este tiempo se han creado, por ejemplo, nuevos juzgados, como los de violencia de género, mercantiles, de menores o de lo contencioso administrativo.

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Esta transformación da pie a levantar los cimientos del sistema para adaptarlo a una sociedad muy diferente de la que existía cuando en 1988 se aprobó la actual Ley de Demarcación y Planta.

Tribunales de instancia

El nuevo modelo que se propone, en el que desaparecerían las audiencias provinciales, gira en torno al tribunal de instancia como piedra angular. Según explican, se trataría de integrar los tradicionales juzgados en tribunales (uno por provincia), con los jueces que se estime necesario en cada caso, bajo la coordinación de un presidente y la asistencia de una oficina judicial que, en opinión de los expertos, en este contexto sería donde alcanzaría todo su sentido.

En este sistema, el presidente del tribunal de instancia sería el cargo judicial de gestión y representación más importante del ámbito territorial. La demarcación territorial de estos nuevos tribunales coincidiría con los límites de la provincia.

El objetivo de este diseño, señalan, es mejorar las cargas de trabajo (que no haya unos juzgados colapsados y otros sin apenas trabajo) y la optimización del régimen de sustituciones entre jueces, dos cuestiones problemáticas actualmente. Además, sostienen que, de esta forma, podrán poner en común las resoluciones más complejas.

Tribunales superiores

Dentro de este nuevo esquema, los tribunales superiores de Justicia aparecen como la segunda referencia territorial. La reforma reforzaría su condición de órgano de apelación de los órdenes jurisdiccionales civil y penal, como ya ocurre en lo laboral y en lo contencioso- administrativo. En este sentido, el comité de expertos entiende que, consolidando la segunda instancia civil y penal en el ámbito autonómico, “se potencia la formación de criterios doctrinales más coherentes, sólidos y armónicos”, algo que se traduciría en “una mayor seguridad jurídica y, por tanto, una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley”.

Edificios judiciales

La implantación de toda esta reforma, que contempla una vacatio legis de seis meses desde su aprobación, no podría ser inmediata, ya que transformar todo el sistema judicial implicaría cuestiones prácticas como el cambio de sedes o la búsqueda de grandes edificios donde reunir todos los efectivos, entre otras cuestiones.

Por eso, aunque desde el punto de vista organizativo el nuevo modelo se puede implantar inmediatamente haciendo un único reparto de trabajo para toda la provincia, de momento se mantendrán todos los juzgados actuales sin cerrar los edificios judiciales ya existentes. Eso sí, el texto prevé impedir la construcción o habilitación de ningún nuevo edificio judicial que no vaya a ser empleado para el nuevo diseño.