¿Se está cociendo un nuevo chantaje nacionalista en la reforma más importante de toda la legislatura?

La flexibilidad en el ajuste del déficit reclamada por los gobiernos autonómicos que han incumplido los topes máximos fijados por Hacienda parece que finalmente se extenderá más de lo previsto y podría durar hasta 2016. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera dará hoy luz verde al llamado déficit a la carta para estas regiones en el ejercicio presente, que se ampliaría a los tres próximos en caso de ser necesario. Aunque la fijación de un calendario de cara a los próximos ejercicios presupuestarios debería suponer un elemento de estabilidad para las finanzas autonómicas que ayude a restablecer la confianza de los inversores en estas instituciones, no lo será si sirve de coladero para enmascarar un trato de favor a ciertas comunidades. Éste es el motivo por el que bastantes dirigentes regionales del PP han rechazado esta fórmula de reparto.

Deuda per cápita CCAA. Pica para ampliar.

Las sospechas de que se use simplemente para calmar las reivindicaciones soberanistas de Cataluña quedarían confirmadas si la Generalitat catalana logra del Gobierno un límite de déficit sustanciosamente superior al del resto de comunidades. Los dirigentes nacionalistas han lanzado un órdago, exigiendo la autorización para situar su déficit en el 2,1% del PIB (en 2012 cerró en el 1,96%), con el fin de conseguir un límite entre el 1,7% y el 1,8%, mientras que el resto de autonomías deberían ajustarse al 1,3%, puesto que el permiso a Cataluña consumiría prácticamente todo el margen adicional habilitado por Hacienda para las comunidades después de que la Comisión Europea, a su vez, permitiese a España retrasar en dos años los plazos para el recorte del déficit y aumentar los objetivos para este ejercicio y el siguiente. Además de que esta forma de reparto sería injusta para los otros gobiernos regionales que también reclaman más tiempo para ajustarse y, sobre todo, para aquellos que, pese a implicar ingentes esfuerzos, han cumplido los límites fijados. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo que preside Artur Mas es el que más ayudas extraordinarias ha pedido al Estado central en los dos últimos años –unos 20.156 millones de euros–, lo que echa por tierra su argumento de estar siendo maltratado en cuanto a la financiación. Debe recordarse que el actual sistema para financiar a las autonomías, vigente desde 2009, se puso en marcha para validar el modelo financiero plasmado de forma unilateral en su Estatuto.

Pica para ampliar.

El Gobierno debe ser inflexible con la tolerancia presupuestaria hacia las comunidades autónomas, visto su historial de reiterados incumplimientos y que, en plena crisis, en vez de recortar sus estructuras y endeudamiento, han seguido el camino opuesto, salvo contadas excepciones.

La reducción del déficit en las CCAA se ha producido en los últimos trimestres pero en la mayoría de los casos ha sido insuficiente y lejos de lo acordado.

Hacienda recuerda que si bien las comunidades incumplidoras tendrán un objetivo más flexible, también han tenido que presentar, como castigo previsto en la Ley de Estabilidad, Planes económico-financieros con más reformas, y algunos de ellos podrían ser tumbados mañana. Es decir, Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares afrontan una suerte de "examen de recuperación".

Además, las mismas fuentes también inciden en que las comunidades no han sufrido un endurecimiento en sus objetivos de déficit a pesar de que el Gobierno ha corregido su previsión de caída del PIB del 0,5% al 1,3%.

Las CCAA también están molestas –sobre todo, Cataluña, País Vasco, Asturias y, en menor medida, Castilla y León– porque el anteproyecto de ley de la reforma local que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes les obliga a asumir las competencias impropias que prestaban los ayuntamientos, que suponen cerca de 14.000 millones de euros, para lo que no recibirán más financiación.

Cabe recordar que la principal finalidad de esta reforma es que todas las autonomías converjan hacia un objetivo del 0,2% en el 2016.