Almunia y el final de la historia naviera en España y Europa.

El daño infligido por el reciente anuncio del comisario Almunia de anular el sistema de bonificaciones fiscales conocido como tax lease en el sector naval español resulta considerable. No sólo para los astilleros, inversores o armadores involucrados en estas operaciones. Todos los esquemas de tax equity desarrollados por varios países europeos para facilitar la financiación de proyectos en diversos sectores se encuentran en la picota. La incertidumbre generada ahuyentará a los inversores interesados en estos programas. Urge, pues, que la Comisión Europea, responsable de este desaguisado, fije sin tardar reglas claras y equitativas para las estructuras fiscales creadas para favorecer la inversión productiva.

Nunca debió otorgarse un tratamiento tan errático a un tax lease muy parecido al que implantó Francia y que gozó de indulgencia hasta hace siete años. La flagrante despreocupación de Bruselas, que no abrió el expediente en curso hasta 2011, dio falsas seguridades, ampliando la magnitud del problema. Ahora pretende mostrar una autoridad que ha quedado mermada por su inacción. En lugar de sentar las bases para una competencia ordenada en Europa y una defensa más activa frente al dumping de países asiáticos, muestra una firmeza a destiempo con España, que podría trasladarse a otros países como Holanda. Esta táctica puede acabar por desquiciar al sector naval, acelerando su desaparición en el continente. La declaración de ayuda incompatible comportará severas pérdidas por cancelación de los contratos, convirtiendo en chatarra los buques en construcción. Por no hablar del cruce de reclamaciones que paralizará esta actividad y la estampida de clientes y financiadores. Una actitud que sorprende aún más ya que el pasado año se autorizó un nuevo tax lease que implicaba una disminución de ingresos fiscales más amplia.

El astillero Unión Naval de Valencia ha suspendido toda su actividad a raíz del anuncio de la supresión del Tax Lease por parte de Joaquín Almunia. 

Pretender dar ejemplo de ortodoxia con el problema específico de la construcción naval es un contrasentido en tiempos donde debe prevalecer el rigor fiscal. Más valdría que la Comisión se afanara en reducir en toda Europa el elevado nivel de desgravaciones dirigidas a sostener ésta y otras actividades escasamente rentables, eliminando la opacidad y las marcadas diferencias de trato que subsisten de un país a otro, e instaurar mecanismos directos de ayudas al funcionamiento, especialmente en las áreas expuestas a la competencia desleal de terceros países, de menor coste para las arcas públicas y mayor efectividad para los astilleros. Todo menos cerrar en falso el problema y generar daños colaterales de consideración a quienes han participado de buena fe en estos diez años en estructuras fiscales de apoyo a la inversión.