Fabra dispuesto a penalizar a la hormiga para contentar a la cigarra y Montoro mirando para otro lado.

El anuncio de la nueva tasa creada por la Generalitat Valenciana para gravar los depósitos bancarios (volver a penalizar a la hormiga para contentar a la cigarra... y cerrando las puertas del resurgimiento del crédito de paso) resulta sorprendente cuando hace menos de un año que el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir y cortar de raíz los planes de algunas comunidades autónomas para obtener un extra recaudatorio imponiendo una tasa a los productos bancarios de ahorro remunerado. Y más sorprendente aún que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro no se haya apresurado a enmendar la plana al Ejecutivo valenciano. Tratar de recurrir de nuevo a esta figura impositiva para taponar la grave pérdida de ingresos que sufre la comunidad autónoma que preside Alberto Fabra no sólo resulta ilusorio, sino también inapropiado en un momento en el que la Comisión Europea ha puesto en tela de juicio la metodología que emplean las administraciones españolas para el cálculo del déficit. Que un gobierno autonómico se anote como seguros los ingresos derivados de este impuesto (230 millones) cuando existen dudas más que razonables de que finalmente vaya a poder recaudarlos sólo añade más incertidumbre y alimenta los recelos de las autoridades europeas.

Por si fuera poco, la actitud de Hacienda puede generar confusión y mover a que otros gobiernos regionales sigan los pasos de Valencia ante la tentación de lograr unos ingresos fiscales inesperados y relativamente garantizados con que aliviar los esfuerzos que supondrá cumplir con el objetivo generalizado de reducción del déficit al 1% del PIB en 2014. En el caso de la comunidad valenciana, una de las más endeudadas y con el mayor desequilibrio presupuestario de toda España (cerró 2012 con un déficit del 3,52% cuando el tope marcado por Hacienda era del 1,5%), cabe adivinar la intención no declarada de conseguir una compensación parecida a la que recibieron este mismo año las autonomías que tenían en vigor un impuesto a los depósitos bancarios cuando Montoro optó por acabar con ellos. El Gobierno central optó por situar los tipos de este impuesto en el 0,2 por mil para recaudar 200 millones con qu “compensar” a estas regiones por el fin del gravamen.

Urge clarificar los límites a este tipo de tributos que generan inseguridad jurídica en el sector financiero y pueden afectar negativamente a la necesaria recuperación del crédito.