La dación en pago y el código de Buenas Prácticas de la banca comienza a parecer un asunto creíble y serio.

El Gobierno pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago (cancelar la deuda mediante la entrega del inmueble).

En concreto, fuentes cercanas el Ministerio de Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” necesarios para poder acceder a dicho código.

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Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia en cuestión es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en el paro. Pero esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (que se aprobó en marzo) se tramitaran sólo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad.Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago.

Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales (familias con hijos menores de tres años, o con algún discapacitado, entre otras muchas). El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.

Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Pero ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. De todas formas, actualmente las entidades financieras están suspendiendo de forma masiva los lanzamientos de deudores morosos. No sólo de quienes cumplen los requisitos para disfrutar de los dos años de moratoria que aprobó el Gobierno en  noviembre, sino de la mayoría. No en vano, el sector espera, inquieto, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que podría determinar que las normas que regulan en España los desahucios son incompatibles con las reglas europeas de protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas. Así lo reflejó ya un dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia, Juliane Kokott, cuyas opiniones habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia.