La reforma del sector público (II): Comunidades y Ayuntamientos en el punto de mira.

A estas alturas de la película, de terror, a nadie escapa que el sistema autonómico español hace aguas por todos lados. Las dispares políticas que rigen en todas las Comunidades y Ayuntamientos, la gran autonomía de la que disfrutan las Comunidades, la inexistencia de agentes reguladores (a pesar de que Zapatero crease un Ministerio, con Chaves al frente, cuya única competencia era la descrita) que homogeneicen el funcionamiento de las CCAA, ect... han hecho que España perdiese merecidamente crédito como marca global y han puesto en peligro la estabilidad del sistema del bienestar que propone nuestra Carta Magna.

Ya ayer os adelanté los planes del Gobierno para encontrar un modelo más eficiente, sólido y creíble para el aparato público... pero lo que se comentó hacía referencia solamente a la Administración Central, ¿qué pasa con CCAA y Ayuntamientos?

Obviamente, esta importante, en tamaño y gasto, parte del sector público no puede quedarse fuera de cualquier reforma que que se precie de serla. He de decir que, cuando se comenzó a barruntar un cambio de modelo público, las miras eran más ambiciosas y exigentes para con Ayuntamientos y CCAA... pero las numerosas huelgas del sector público, las amenazas independentistas y la rebeldía de muchas de las CCAA han terminado dejando huella en las intenciones del Ejecutivo de Rajoy y este ha reculado de forma cobarde y vergonzante considerando la mayoría absoluta aplastante de la que dispone este Gobierno para acometer reformas. Vamos, hablando en plata, que el pueblo demandó de manera indiscutible, en las urnas, un cambio radical del modelo actual hacia otro sostenible y Rajoy ha acabado sucumbiendo, en parte, ante las presiones de virreyes y castas... muchos de ellos de su propio partido.

Las intenciones para con Autonomías y Ayuntamientos por parte del Gobierno central se reducen principalmente en un proyecto que se sostiene sobre cuatro patas que son estas:

1) Reconducir la carga salarial y homogeneizarla en todo el conjunto de Comunidades y Ayuntamientos del país.

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2) Implantar el modelo autonómico canadiense y las políticas de Zarkozy en Francia.

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3) Establecer como definitiva la Ley de pago a proveedores para evitar descontrol en las cuentas y acumulación de facturas bajo las alfombras autonómicas y consistoriales.

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4) Supresión de figuras administrativas y adelgazamiento del aparato público.

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Aunque las medidas son dignas de celebrarse de hacerse efectiva su implantación a partir del 30 de junio, a mí me resultan un tanto insuficientes. Ahora espero vuestros comentarios para escribir una tercera parte, o no, sobre este interesante tema que es la reforma del sector público.