La reforma de las administraciones locales traerá consigo decenas de miles de despidos.

Al menos un 10% de los 350.000 funcionarios públicos sin oposición se verán abocados a la angustiosa cola del paro por la reforma más esperada en este año, la del sector público y su intento de adelgazamiento. El Gobierno está ultimando los últimos ajustes de la reforma de la Administración Local, que intentará delimitar las competencias de los municipios, de las entidades locales menores y de las diputaciones. 

Esta reestructuración tendrá un gran coste en materia de empleo. Tanto las fuentes gubernamentales como de la oposición consultadas coinciden en señalar que los cambios legales que se están ultimando tendrán también un efecto colateral muy significativo en las plantillas públicas: provocará el despido de gran parte del personal laboral sin oposición y del personal nombrado a dedo. ¿La razón? Las diputaciones asumirán la gestión de los pequeños municipios y de las mancomunidades que se demuestren que son inviables en el plazo de un año, por lo que el personal que antes prestaba esos servicios para los municipios (tanto público como privado) mermará automáticamente como consecuencia de la batalla contra las duplicidades.

Más de la mitad del personal de los ayuntamientos estará en el punto de mira de los cambios legislativos que se aprobará esta semana o la que viene previsiblemente en el Consejo de Ministros. Según el último boletín de registro de personal del Ministerio de Hacienda, sólo 190.169 empleados públicos municipales han accedido mediante una oposición, 304.005 es personal laboral que puede ser despedido mediante un ERE tras la última reforma laboral y 32.074 trabajadores es clasificado en la categoría de "otro personal", que incorpora a los directivos públicos y al personal nombrado a dedo. Es decir, que más del 60% de los trabajadores municipales podrá ser despedido.

La reforma promete numerosas movilizaciones a lo largo y ancho del país

De hecho, el PSOE no se sumará finalmente al pacto porque considera que vaciar de competencias a los municipios inviables de menos de 20.000 habitantes como pretende Montoro obligará a las diputaciones a "externalizar" los servicios públicos básicos y provocará despidos de empleados públicos. Fuentes sindicales también apuntan a que se despedirá a trabajadores externos que prestaban a pequeña escala servicios a los ayuntamientos, para después proceder a contrataciones en el ámbito de las diputaciones, que ganarán poder en el medio y largo plazo.

El propio presidente Mariano Rajoy reconoció la semana pasada en un artículo que "el mercado de trabajo se resentirá de las consecuencias de las correcciones que aún están en marcha en el sector financiero o el de la administración".

Pero no sólo hay enfrentamiento entre el PSOE y el PP por los cambios en la gestión municipal. También hay una guerra abierta entre los municipios y las comunidades, una de las razones por las que el texto final no está cerrado a día de hoy. Las regiones, algunas del PP, están presionando al ministro de Hacienda para que no quite a los ayuntamientos todas las competencias ligadas a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales tal y como pide la Federación de Municipios. Los municipios se gastan ahora en estas partidas aproximadamente 3.500 millones, una factura que pasarían a financiar  las CCAA, con graves problemas de tesorería.

La reforma local también podría homogeneizar el sueldo de empleados públicos, un asunto sobre el que pidió Montoro ayer su opinión a los primeros ediles de las capitales andaluzas. Sin embargo, se aparca hasta mitad de año la reforma más urgente: la que afecta a la financiación municipal.