La difícil solución del drama de los desahucios.

La creación del Fondo Social de Vivienda supone una interesante aproximación al grave problema social que se ha generado con los desahucios. Se trata de un área de enorme sensibilidad y donde las iniciativas deben seguir la estela marcada ayer, donde las entidades financieras, el Gobierno y la sociedad civil (ayuntamientos y ONG, entre otros) han ido de la mano. Gracias a este gran pacto, las entidades financieras alquilarán con precios reducidos (150 a 400 euros) casi 6.000 pisos. La propia vicepresidenta apuntó en una singular intervención que no es un "esfuerzo excesivo" para la banca, dada la magnitud del problema que combate. Y es cierto también, pero puede suponer una válvula de escape que alivie una tensión social creciente y que completa las medidas incluidas en el decreto antidesahucios. Este alquiler social, en el que cada entidad constituirá un fondo social propio para sus impagadores, puede suponer además un buen complemento para otras iniciativas relacionadas con el sector inmobiliario, como puede ser la Sareb. El carácter social del fondo aprobado ayer es sólo para situaciones al borde de la exclusión social.

No se puede perder de vista que optar por otro tipo de iniciativas, como puede ser la profunda reforma de la Ley Hipotecaria que plantean algunos partidos, podría crear un problema más grave del que arregla, generando un nuevo bache en la banca en un momento en el que todavía no se han levantado todas las cautelas de los analistas sobre el sector. Después de dos reales decretos y un test de estrés en pocos meses, una oleada adicional de pérdidas por las hipotecas sería difícil de digerir.

Además, un nuevo cambio de las reglas del juego hipotecario, con condonaciones o moratorias más allá de las previstas, podrían afectar negativamente a las cédulas con las que la banca se ha financiado en los últimos años. Al mismo tiempo, se daría un nuevo baño de desconfianza al país, muy necesitado de consolidar los tibios brotes de optimismo que han germinado en estas semanas. No hay que olvidar que las entidades tienen tan poco interés en adjudicarse más pisos como los propios inquilinos en que se lo quiten. Además, la tasa de morosidad sigue en niveles muy bajos, del 3%, a pesar de la gravedad de la crisis. Se trata de un hecho que habla bien de la actual legislación hipotecaria y debe servir de alerta para las revoluciones en la materia. Es en este punto donde 6.000 alquileres sociales pueden ayudar a atemperar situaciones de malestar... aunque es una cantidad, la de los alquileres sociales, insuficiente a todas luces por el numeroso colectivo afectado.