España, paraíso para la corrupción consentida.

No es que la corrupción haya vuelto, es que nunca se fue. Allá donde reside el poder siempre palpita el posible envilecimiento de quienes lo ostentan. Cohecho, fraude, soborno, financiación irregular, cuentas en Suiza, mordida, malversación... Son palabras que vuelven a encaramarse con demasiada frecuencia a las portadas de los diarios. Sin nada que envidiarle a la época negra de la corrupción (principios de los 90), la crisis actual está destapando una auténtica avalancha de casos de ulceración de la labor política.

El último de ellos -y uno de los más impactantes- apunta a que Luis Bárcenas habría pagado sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP durante años, según publicó ayer El Mundo. El extesorero y exgerente del partido en el Gobierno habría distribuido cada mes -durante más de 20 años, según un exsecretario general del PP- sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato popular. El dinero de esta contabilidad B habría procedido de comisiones cobradas a constructoras y compañías de seguridad, así como de donaciones anónimas.

Se trata de la punta de un iceberg de podredumbre política que afloró hace más de un cuarto de siglo y que se intensificó con virulencia en los años del boom inmobiliario.

La corrupción se ha adherido al ADN de la gobernanza en España, generalizándose entre la clase política. No en vano, los niveles de "percepción de corrupción" del país son similares a los de Botsuana, según el último informe de Transparencia Internacional. Actualmente hay más de 300 políticos españoles imputados en presuntos casos de corrupción por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, como Valencia y Baleares.

El Gobierno ha elaborado una ley de transparencia y ha cambiado la de financiación de los partidos, por lo que se espera que el problema frene en cierta medida. Pero han comenzado a aflorar todas las irregularidades cometidas en la pasada década, al socaire del calentón del ladrillo.

Surgen varias preguntas. ¿Por qué está tan arraigada la perversión política en el país? ¿Es un problema potenciado por el marco jurídico, es un mal estructural o una falta de cultura democrática?

Hasta hace muy poco la corrupción se toleraba en España. Al menos en las urnas.

Sólo así se explica que el PP gobierne en la Comunidad Valenciana tras el caso Gürtel, el PSOE en Andalucía tras la trama de los ERE y CiU en Cataluña después de los casos Palau y Pallerols. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, apunta que "el 70% de los alcaldes imputados por corrupción volvió a salir elegido en las últimas municipales". La tendencia ha cambiado un poco desde la aparición del 15-M, movimiento que puso el foco en el fin del abuso del poder para beneficio personal. "La cultura ciudadana sigue siendo un poco laxa con los corruptos, pero ahora hay un clima de indignación tan importante que hay mucha más vigilancia por parte de los ciudadanos", agrega Lizcano.

No en vano, el último Barómetro del CIS revela que se duplicó la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude, y ya se sitúan en el cuarto puesto, tras el paro, la economía y los políticos.

Uno de los grandes problemas es que la población conoce cada vez más casos de corrupción, pero también cada vez más condonaciones de deuda de los partidos. Y más indultos de condenados.

La reforma de la ley de financiación de los partidos introduce una mayor fiscalización de todas las donaciones que perciben los partidos y fundaciones políticas, pero sigue permitiendo que la banca condone deudas de hasta 100.000 euros. Aunque los expertos lo siguen considerando una injusticia, se acaban así las grandes cancelaciones de adeudos que han acometido los bancos y las cajas como deferencia hacia los políticos en las últimas décadas.

Entre 1990 y 2002, la cifra condonada ascendió a 26,1 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Después, las condonaciones se dispararon, sobre todo en el caso del PSOE y el PSC, que han logrado acuerdos de condonación, desde 2004, por un valor superior a los 40 millones de euros: la Caixa perdonó 7,1 millones de euros al PSC en diciembre de 2004; BBK, 21 millones de euros al PSOE en marzo de ese mismo año; el Santander perdonó 12 millones al PSOE en mayo de 2006, tras 19 años de impago.

También ERC se benefició tras el gobierno tripartito de una condonación de la Caixa por valor de 2,7 millones. Y Caixa Galicia condonó 2,6 millones al PP cuando llegó al poder en 1996. Por ello, "hay que prohibir por Ley la condonación de deudas", como apunta el catedrático de Derecho Administrativo Gaspar Ariño en su informe La financiación de los partidos políticos.

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Queda claro que es necesario, como apunta Lizcano, que "hay que cambiar la normativa legal y potenciar el autocontrol de los partidos".

Hay partidarios de americanizar la financiación, dando total transparencia a las donaciones de empresas, particulares y lobbies. La primera piedra de este tipo de prácticas la puso el por entonces candidato del PSC a la Generalitat, Pasqual Maragall, que en 1999 reunió a 400 empresarios catalanes en una cena que costaba 100.000 pesetas (600 euros). Maragall recaudó 36 millones de pesetas (215.000 euros).

El propio Maragall acusó años después a CiU de cobrar comisiones de las obras públicas autonómicas, con la famosa frase: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%". Luego los problemas de CiU con la corrupción no harían sino crecer (caso Palau, las finanzas de la familia Pujol, caso Pallerols...), pero la sentencia de Maragall define, más allá de la cifra concreta, a gran parte de la clase política.

Ahora, con la herida de la Gürtel (PP) reciente, con el recuerdo de los grandes escándalos del PSOE en la era González y del PNV en los 90, con el caso Malaya en carne viva y el caso Palma Arena sobrevolando hasta La Zarzuela, España se despierta con la noticia de que el PP podría haber hecho de la corrupción una rutina. Así que, a tenor de lo que aseguran los expertos, es hora de cortar el problema. Porque la corrupción puede ser cualquier cosa, menos una rutina.