23 diciembre 2012

La guerra contra el déficit (I). 2012, el querer y no poder de Rajoy.




Querer y no poder. Es una de las expresiones que podría definir bien el primer año de recortes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa. Desde el miércoles 30 de diciembre de 2011 (cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría puso la cara y la voz a la subida del IRPF, del IBI, a la congelación del sueldo de los funcionarios y a la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos) el presidente del Gobierno ha renunciado a la previsibilidad de la que hacía gala como jefe de la oposición con un único objetivo: reducir el déficit del 8,9% del Producto Interior Bruto (la preocupante herencia que el PSOE ocultó hasta el último momento) al ortodoxo 6,3% que exige la Unión Europea.


El complicado parto de los paquetes de ajuste evidencia las dudas y las dificultades del Consejo de Ministros a la hora de poner en marcha unas iniciativas que los políticos populares negaron reiteradamente durante la campaña electoral. Por ejemplo, el primer decreto se gestó en los despachos de los ministerios entre muy pocos asesores de confianza de Rajoy, muchos de los cuales aún no habían tomado posesión. Un informe del Interventor del Estado del propio PSOE hizo saltar todas las alarmas y obligó a preparar una hoja de ruta de urgencia nada más desembarcaron en los despachos. Lo mismo ha ocurrido con el último gran decreto del presidente, que renuncia a la revalorización de las pensiones. El equipo de Fátima Báñez elaboró dos decretos (uno en el que se compensaba a los pensionistas y otro en el que no) con la ayuda de los técnicos de Luis de Guindos en la madrugada del jueves 30 de noviembre. Un día después el Consejo de Ministros (no sin enfrentamientos) renunció a la promesa más firme del PP durante la campaña electoral.

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LA INTRAHISTORIA

La intrahistoria de los primeros doce meses de tijeretazos al gasto público y de subidas fiscales (que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que no tienen precedentes en la historia de las haciendas públicas mundiales) es como una montaña rusa. Desde el discurso de investidura (ahí el presidente aún defendía que no se tocarían las pensiones, la sanidad y la educación) se han publicado cientos de páginas en el Boletín Oficial del Estado que fulminan todas las previsiones iniciales. Según los informes del Ministerio de Economía, las tres administraciones públicas han lanzado ya medidas para ahorrar cerca de 50.000 millones de euros en lo que va de año.

Aunque en teoría sólo había que reducir los números rojos en 26.000 millones durante este ejercicio, el Gobierno ha tenido que utilizar la podadora con mucha más virulencia para compensar el fuerte incremento del gasto en desempleo, el abultado coste de los intereses de la deuda, la bolsa del fraude fiscal y el fuerte hundimiento del consumo por culpa de la recesión. Aunque se ha puesto toda la carne en el asador para cumplir a rajatabla el límite de déficit, en el Ejecutivo se dan por satisfechos si logran que el déficit cierre este año entorno al 7% del PIB, algo que ven como muy probable. Eso sí, admiten que una desviación de un punto sobre el objetivo inicial (del 6,3%) sería una "catástrofe".

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En contra de las recomendaciones de los analistas privados, entre los que humildemente me incluyo, la mayoría de los ajustes del déficit que ha impulsado la Administración central se han logrado pidiéndole más esfuerzos a los contribuyentes. En 2012 se recaudarán 2.300 millones extra con el alza del IVA; 4.100 millones con la subida del IRPF y 7.840 millones con cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades. En Moncloa justifican estas medidas explicando que la Agencia Tributaria española tiene una recaudación más parecida a la de un país en vías de desarrollo que a la de una gran potencia. Los datos hablan por sí solos: pese a contarse entre los países con impuestos más elevados, España es el segundo país de la eurozona con la recaudación impositiva más baja en porcentaje del PIB, según la Comisión Europea. Solo Eslovaquia le supera. También es el país de la UE que menos IVA recauda, según Hacienda.

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Pero también se han producido recortes del gasto que no estaban en la agenda inicial. ¿Los más significativos? La congelación de los sueldos de los empleados públicos y la supresión de la paga extra a los funcionarios, que ahorrará en torno a 4.000 millones a las arcas de las administraciones. También el recorte de las futuras prestaciones de desempleo que se aprobó en julio y la obligación de que los parados asuman un porcentaje mayor de su cotización a la Seguridad Social, una iniciativa que ha pasado más inadvertida.


Los argumentos del PP cuando estaba en la oposición (negó por activa y por pasiva el alza del IVA o de otros impuestos y criticó los amagos de Elena Salgado para poner en marcha la amnistía fiscal) han complicado la senda de austeridad tutelada por las autoridades comunitarias, que se aceleró definitivamente después de que España pidiera un rescate a la UE para sanear a las entidades financieras de 100.000 millones en junio. Rajoy ha admitido en varias ocasiones que retrasó al máximo medidas como la no revalorización de las pensiones o el alza del IVA porque quería evitarlas a toda costa. En marzo justificó la amnistía fiscal (con la que sólo ha recaudado 1.200 millones de los 2.500 previstos). Finalmente, y como paradigma de la tutela económica que sufre España desde mayo de 2010, el Ejecutivo ha tenido que asumir las recomendaciones de Bruselas dentro del protocolo de Déficit Excesivo como propias.

El resultado de esta demoledora política de recortes y sacrificios no se hizo esperar: dos huelgas generales en un mismo año (por primera vez en nuestra historia) y numerosas protestas sociales, en todas las ciudades, que a diario salpican la actualidad del país y se han convertido en algo habitual.

Pero el Gobierno también ha comenzado a reformar los pilares del Estado del Bienestar, introduciendo tímidamente el temido copago. Ya no habrá medicamentos completamente gratuitos (salvo para parados de larga duración), en la universidad se han aumentado las tasas a los estudiantes y Gallardón ha puesto en marcha un sistema de tasas judiciales. ¿El objetivo de esta fórmula para financiar los servicios públicos? Que no se abuse de las recetas, que los malos estudiantes no se aprovechen de las oportunidades que les brindan los contribuyentes y que se agilice la actividad de los juzgados. Con la reforma de la Sanidad y de la Educación se quieren ahorrar 10.000 millones y con la de la Justicia, 300 millones.

EL FRENO DE BRUSELAS

Sin embargo, fuentes muy cercanas a Rajoy reconocen que aún faltan muchas cosas por hacer, y sobre esto tratará la segunda parte de este artículo, para completar el giro de 180 grados que le hace falta a España. Por ejemplo, admiten que las exigencias urgentes de la UE obligan a asestar "hachazos" al Presupuesto, en contra -en ocasiones- de lo que dicta la teoría económica clásica. Por ejemplo, se ha optado por suprimir la paga extra a todos los funcionarios en vez de despedir al personal improductivo. Es el efecto perverso de que los halcones del euro defendieran durante meses la bajada del déficit español "cueste lo que cueste", aunque en realidad el verdadero problema de la Administración es su agujero estructural. Los pasos adelante en la integración fiscal y económica de los últimos Consejos Europeos podrían romper con esta tendencia.

Lo más urgente para conseguir que España vuelva a financiarse en los mercados con normalidad es que demuestre que tanto su sistema de pensiones (que se encuentra en déficit desde 2011) como el resto de la estructura básica del Estado se puede mantener en pie sin ayuda exterior. Para redimensionar la maraña de empresas públicas y de organismos fantasma de las comunidades, de los ayuntamientos y del propio Estado, el Consejo de Ministros puso en marcha el 26 de octubre una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas que se reúne regularmente para auditar cada rincón del sector público. Por ahora los resultados son modestos: sólo se ha aprobado un decreto para racionalizar el uso de coches oficiales.


En realidad la norma más importante del primer año de recortes es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sobre todo el apartado que permite penalizar, e incluso intervenir, a las administraciones que sean incapaces de sanear sus cuentas. Es la única forma de que la frase preferida de Rajoy ("no se puede gastar más de lo que se ingresa") deje de ser un espejismo.


1 comentario:

  1. reducir el déficit del 8,9% del Producto Interior Bruto (la preocupante herencia que el PSOE ocultó hasta el último momento)
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    senekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    no te cansas de maniPPular eeeeeeeee???

    ZP no dijo el deficit real xk las CCAA DEL PP mintieron con el deficit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ese desvio fue POR LAS COMUNIDADES DEL PP !!!!!!!


    VALE YA DE MANIPULAR


    VALE YA !!!

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