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viernes, 25 de enero de 2013

Los intereses de demora en las hipotecas descenderán un 75% para frenar la oleada de desahucios que sacude al país


El Gobierno presentará en los próximos días una reforma, entre otras, sorprendente en el mercado hipotecario; tratará de paliar la ola de desahucios reduciendo drásticamente los intereses de demora o impago. Estos serán, como máximo, del 6% frente al 24% de media que se viene exigiendo al deudor según Adicae.

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La novedosa propuesta viene reflejada en las enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios que termina de perfilar el Ministerio de Economía en estos días.

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Esto es algo que ya habían consensuado Gobierno y PSOE en las negociaciones que mantuvieron a finales de 2012, pero no se hizo público, según fuentes de la comisión que se creó para resolver el problema de los desahucios. De hecho, el PSOE incluirá esta propuesta de intereses de demora en la enmienda a la totalidad que ha preparado para el proyecto, que se debate el miércoles en el Congreso, según fuentes socialistas.

Hay que recordar que el Ejecutivo aprobó el 15 de noviembre el Real Decreto-Ley 27/2012, que incluía una serie de medidas para paliar los efectos de este "padecimiento social". Entre ellas, una moratoria de dos años para las familias en riesgo de exclusión social que se vieran despojadas de sus casas por una ejecución, así como la creación de un fondo social de la banca, con 6.000 inmuebles en régimen de alquiler a precios baratos (entre 150 y 400 euros).


En noviembre no se pudo plasmar un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el PSOE, que se pospuso para la tramitación parlamentaria. Ahora, al convertir el decreto en Proyecto de Ley, las posiciones se han acercado mucho más, por la vía de las enmiendas. Por ejemplo, ahora la intención del Gobierno es que "en ningún caso podrá pactarse que la hipoteca asegure intereses [al banco] por plazo superior a tres años [los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente]", en lugar de los cinco años que marca la Ley Hipotecaria actualmente. Es decir, los deudores abonarán intereses del 6% y durante un trienio, como mucho, en lugar del 20% durante un lustro. Una gran diferencia.

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Se trata de un cambio promovido por el PSOE, que a su vez lo asumió por indicación de los 47 jueces decanos de España. Éstos se movilizaron contra los desahucios en noviembre, a la vista de la oleada de procedimientos con "cláusulas abusivas", especialmente en lo concerniente a los intereses moratorios.

Además, la propuesta que maneja actualmente el Ministerio de Economía (fechada el 22 de enero, y sujeta aún a algún retoque) estipula que se suprimirá el artículo 115 de la Ley Hipotecaria. Es decir, se elimina la facultad legal del acreedor hipotecario de exigir del deudor ampliación de la hipoteca para asegurar intereses vencidos y no satisfechos. Se permitirá el pacto en este sentido, pero dejará de ser un "privilegio" de la entidad financiera.

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Otra novedad es que el Ejecutivo propone un procedimiento extrajudicial para la venta del inmueble cuando el deudor impaga la hipoteca.

¿Cómo? "en cualquier momento anterior a la celebración de la subasta, el deudor podría presentar al juzgado un comprador de la vivienda que ofrezca un importe igual o superior al 70% del valor de tasación para subasta". Notificado el banco, éste tendrá "un plazo de 20 días para bien presentar un comprador por importe superior o bien adjudicarse el inmueble por ese importe, poniendo fin al procedimiento". Además, la tasación para subasta que presente el deudor tendrá prevalencia sobre la del banco.

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La reforma será una revolución en el mercado hipotecario, que los expertos ven como muy positiva. Sobre todo en el flanco social, ya que cierra un poco la herida de los desahucios -aunque no con dación en pago ni retroactividad, como demandan los afectados-.

Falta el visto bueno del Ministerio de Justicia, y Economía aún sopesa retocar un poco el contenido de las enmiendas, según confirman fuentes tanto gubernamentales como del Grupo Parlamentario Popular. No en vano, representantes del Tesoro público se reunieron ayer mismo con el Banco de España y las entidades, para debatir los pros y los contras de la reforma. En todo caso, la idea del Ejecutivo es clara: poner coto a los intereses de demora abusivos y paliar la desprotección de los deudores, para frenar el drama de los desahucios. Como apunta un consultor inmobiliario, "más vale tarde que nunca".


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