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martes, 26 de noviembre de 2013

Enésimo aviso a Cataluña y el pozo sin fondo de las CCAA incumplidoras que nos atenaza.


 La advertencia realizada ayer por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, sobre las consecuencias catastróficas que una hipotética independencia de Cataluña tendría sobre el sector financiero no debe ser pasada por alto. La segregación conllevaría la quiebra inmediata de las entidades financieras radicadas en esta región (CaixaBank, Sabadell y Catalunya Banc, que representan el 28% de los activos del sistema financiero nacional), al verse privadas del acceso a la liquidez del BCE ya que Cataluña, en aplicación de los tratados europeos en vigor, sería expulsada de forma automática de la Unión Europea y de la zona euro, y tener que redenominar sus activos en la nueva moneda que acuñasen, mientras que sus pasivos permanecerían en euros, con lo que el desequilibrio patrimonial sería insalvable. Linde fue más allá, al cerrar la puerta a que estas entidades pudiesen seguir financiándose en el BCE a través de sus filiales en otros países europeos. Un escenario que obliga a estos bancos a disponer de un plan alternativo para evitar que la obsesión separatista de ciertos políticos catalanes les abocase de forma inevitable al colapso, con la particularidad de que, por ejemplo, Catalunya Banc ha tenido que ser nacionalizada por el Gobierno central para salvarla de la bancarrota.

Luis María Linde.

En el caso improbable de subsistir al desastre económico que supondría la escisión de esta comunidad (los expertos calculan que su PIB se desplomaría hasta un 20% de golpe), las entidades financieras tampoco lo tendrían fácil en una economía empobrecida, aislada y sometida al dictado caprichoso de los dirigentes políticos de una Cataluña independiente. Precedentes no faltan: lo sucedido con Banca Catalana o, sin ir más lejos, el caso de Catalunya Banc, surgido de la fusión de Caixa Catalunya, históricamente controlada por el PSC-PSOE, y las cajas comarcales catalanas, debería ser escarmiento suficiente para no volver a dejar en manos de la clase política regional el destino de ninguna entidad financiera.


Esta situación tampoco sería inocua para la economía española. Por ello, es conveniente que frente a la postura fanática e intolerante que predomina entre los independentistas catalanes, los partidos nacionales, con el Gobierno a la cabeza, deben exponer con claridad a los habitantes de esta región y del resto de España, como ayer Linde y anteriormente los inversores extranjeros, las graves repercusiones de llevar a cabo el desvarío secesionista en Cataluña, equiparables a un suicidio colectivo.

... Y otras CCAA no van muy a la zaga de Cataluña.

Mientras los políticos catalanes dedican el tiempo a fantasear con una idílica e irrealizable independencia o a debatir sobre la hipotética pregunta que se sometería a un referéndum igual de improbable, su economía regional y sus finanzas públicas empeoran por momentos. Hasta el extremo de que la Generalitat de Cataluña, junto a los ejecutivos regionales de otras tres comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia), ha recibido la reprimenda del Ministerio de Hacienda por desviarse de los objetivos de déficit. Se da la circunstancia de que estas cuatro regiones ya fueron “premiadas” el pasado mes de julio con un margen adicional de desequilibrio presupuestario en este ejercicio ante la constatación de su incapacidad para cumplir con el límite inicialmente establecido, gesto que, a su vez, fue posible porque la Comisión Europea amplió igualmente el tope de déficit para toda la economía española. El requerimiento de Hacienda implica que estas regiones tendrán que “congelar” el gasto previsto en algunas partidas presupuestarias para no desviarse del déficit permitido. Si no son capaces de hacerlo (lo habitual es que a finales de noviembre la mayoría de los desembolsos ya se hayan materializado), tendrán que presentar medidas inmediatas de recorte del gasto.


El Ejecutivo debe mostrarse inflexible con estas desviaciones inesperadas e inadmisibles en las actuales circunstancias. España podría volver a perder la credibilidad recuperada en los mercados si se extiende la sensación de que las finanzas de las autonomías son incontrolables.


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