Comienza el purgatorio de las Comunidades [II]. El desfase es de 33.000 millones de euros.
Crece la tensión cuando faltan cinco días para que el Gobierno haga público el nombre de las comunidades autónomas que no van encaminadas al cumplimiento del objetivo del déficit del 1,5% para 2012. En la semana en que Cataluña ha llamado a la insumisión al resto de regiones por las exigencias del Ejecutivo central y en el día en el que la Comunidad Valenciana solicitó su rescate, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó el viernes pasado enviar un mensaje "excesivamente tranquilizador". Montoro advirtió de que todas las instituciones cumplirán con el objetivo "porque nos jugamos el presente y el futuro de España".
De entrada, las autonomías se juegan 15.000 millones de vencimientos de la deuda en lo que queda de año y, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 12 de julio acordaron un recorte de 18.000 millones de euros más para 2012... 15.000 millones que deben de pagar más 18.000 millones que tienen que recortar elevan el desfase total hasta los 33.000 millones de euros.
Precisamente el fondo de financiación que ha aprobado el Gobierno y al que Valencia ha solicitado de inmediato adherirse está dotado de 18.000 millones. Desterrados los hispabonos y la mutualización del riesgo, Hacienda y Economía han ideado un mecanismo que debería imponer una gran condicionalidad a las autonomías y que se destina, principalmente, a quienes implementen con mayor rigor los ajustes de sus planes financieros y cumplan con fidelidad los recortes en Sanidad y Educación.
El conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch, se mostró ayer convencido de que muchas comunidades se adherirán al mecanismo, ya que considera que es el instrumento "más sensato".
Sobre el control que se impondrá a las cuentas valencianas, el conseller dijo que "eso es lo mejor para ver que todas las autonomías cumplen. Nosotros no tenemos nada que ocultar". El propio Buch reseñó que alcanzar el 1,5% era lo previsto, pero añadió que "lo que es nuevo es que el año que viene el déficit pasa del 1,1% al 0,7%", explicó en alusión a los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La dureza de los objetivos y el procedimiento de intervención del Estado que les acecha fueron el origen de dos rebeliones en el CPFF. Primero, de Cataluña, Andalucía y Canarias, a las que se sumó Navarra, que pedían que el Gobierno les trasladara parte del relajamiento del punto extra del déficit que ha otorgado Bruselas a España. También reclamaban el 50% de la subida del IVA que ha implantado el Gobierno. Lo que tampoco sucederá este año, sino en 2013. En segundo lugar, se produjo una rebelión en el seno de las propias comunidades del PP, que no aprobaban el endurecimiento del objetivo del déficit del año que viene del 1,1% al 0,7%. Castilla y León y Extremadura se abstuvieron de la votación. Galicia iba a hacerlo pero, en el último minuto, votó a favor.
Pero a pesar de la dureza de los objetivos acordados, Montoro y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se negaron a dar el nombre y el número de las comunidades que han sido advertidas del riesgo de una intervención.
La semana que dieron de plazo se ha convertido en dos. Desde Hacienda fijan en el Consejo de Ministros del viernes 27 de julio el momento en el que el Gobierno hará público el nombre y comenzará el mecanismo previo a la intervención.
La intervención
Sobre este procedimiento, Montoro y Beteta explicaron que una vez informado el Consejo de Política Fiscal, se advierte a las comunidades afectadas y se les da en un plazo de siete días en el que se analizará con cada una de ellas su nivel de "acercamiento o no al objetivo de déficit".
De momento, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia han reconocido que sus cuentas están siendo revisadas por Hacienda. Ha habido informaciones de que el total eran ocho, diez o, incluso, hasta once.
Por su parte, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró ayer que "ni se plantea" adherirse al fondo de liquidez para hacer frente a vencimientos de deuda y pagos a proveedores. Bauzá afirmó que Baleares está cumpliendo con los objetivos solicitados por el Gobierno central. Montoro trasladó ayer que el Gobierno sigue "trabajando" con la Generalitat desde la "lealtad institucional" en las reuniones que mantiene con un ejecutivo "tan importante" como la Generalitat de Cataluña y con todas las comunidades.
De entrada, las autonomías se juegan 15.000 millones de vencimientos de la deuda en lo que queda de año y, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 12 de julio acordaron un recorte de 18.000 millones de euros más para 2012... 15.000 millones que deben de pagar más 18.000 millones que tienen que recortar elevan el desfase total hasta los 33.000 millones de euros.
Precisamente el fondo de financiación que ha aprobado el Gobierno y al que Valencia ha solicitado de inmediato adherirse está dotado de 18.000 millones. Desterrados los hispabonos y la mutualización del riesgo, Hacienda y Economía han ideado un mecanismo que debería imponer una gran condicionalidad a las autonomías y que se destina, principalmente, a quienes implementen con mayor rigor los ajustes de sus planes financieros y cumplan con fidelidad los recortes en Sanidad y Educación.
El conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch, se mostró ayer convencido de que muchas comunidades se adherirán al mecanismo, ya que considera que es el instrumento "más sensato".
Sobre el control que se impondrá a las cuentas valencianas, el conseller dijo que "eso es lo mejor para ver que todas las autonomías cumplen. Nosotros no tenemos nada que ocultar". El propio Buch reseñó que alcanzar el 1,5% era lo previsto, pero añadió que "lo que es nuevo es que el año que viene el déficit pasa del 1,1% al 0,7%", explicó en alusión a los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La dureza de los objetivos y el procedimiento de intervención del Estado que les acecha fueron el origen de dos rebeliones en el CPFF. Primero, de Cataluña, Andalucía y Canarias, a las que se sumó Navarra, que pedían que el Gobierno les trasladara parte del relajamiento del punto extra del déficit que ha otorgado Bruselas a España. También reclamaban el 50% de la subida del IVA que ha implantado el Gobierno. Lo que tampoco sucederá este año, sino en 2013. En segundo lugar, se produjo una rebelión en el seno de las propias comunidades del PP, que no aprobaban el endurecimiento del objetivo del déficit del año que viene del 1,1% al 0,7%. Castilla y León y Extremadura se abstuvieron de la votación. Galicia iba a hacerlo pero, en el último minuto, votó a favor.
Pero a pesar de la dureza de los objetivos acordados, Montoro y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se negaron a dar el nombre y el número de las comunidades que han sido advertidas del riesgo de una intervención.
La semana que dieron de plazo se ha convertido en dos. Desde Hacienda fijan en el Consejo de Ministros del viernes 27 de julio el momento en el que el Gobierno hará público el nombre y comenzará el mecanismo previo a la intervención.
La intervención
De momento, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia han reconocido que sus cuentas están siendo revisadas por Hacienda. Ha habido informaciones de que el total eran ocho, diez o, incluso, hasta once.
Por su parte, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró ayer que "ni se plantea" adherirse al fondo de liquidez para hacer frente a vencimientos de deuda y pagos a proveedores. Bauzá afirmó que Baleares está cumpliendo con los objetivos solicitados por el Gobierno central. Montoro trasladó ayer que el Gobierno sigue "trabajando" con la Generalitat desde la "lealtad institucional" en las reuniones que mantiene con un ejecutivo "tan importante" como la Generalitat de Cataluña y con todas las comunidades.
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