¡Por fin!, habrá cárcel para el gestor de lo público que cause perjuicio a la administración.

El Gobierno ha enviado a las Cortes tres proyectos de ley que imponen o agravan las penas de cárcel para malos gestores de lo público y para defraudadores fiscales y contra la Seguridad Social. Se trata de la Ley de Transparencia, de la de lucha contra el fraude laboral y de la reforma del Código Penal, que ya había estudiado el Consejo de Ministros. La novedad es que el proyecto de transparencia introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) que castigarán la conducta de la autoridad o funcionario que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la Administración, falsee su contabilidad o documentos.

En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial de entre tres y 10 años y multas en función de si se llega a causar perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años. Quedan bajo el ámbito de sanción de la ley el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado o las sociedades mercantiles con más del 50% de participación pública.

Según detalló ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha incorporado este nuevo delito a instancias del Consejo de Estado.

El texto, además, contemplará como causa de que los políticos no puedan ser reelegidos, a través de una reforma de la Ley de Régimen Electoral, la sanción por haber cometido una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Transparencia.

El pasado 15 de mayo, la vicepresidenta enmarcó la potestad sancionadora de la Ley de Transparencia en la mala gestión de los responsables políticos de comunidades y ayuntamientos, y anunció que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, podría destituirlos. Ayer, después de que la ex ministra de Economía Elena Salgado dijera que advirtió al Gobierno de que el déficit se desviaba antes de que tomaran posesión, Sáenz de Santamaría apuntó que, si se pudiera aplicar a pasado, la ley se dirigiría a quienes dejaron un déficit del 9% y una deuda a proveedores de 28.000 millones.

Por otra parte, la modificación del Código Penal delimita nuevos supuestos de fraude contra la Seguridad Social en los que se ha verificado que la sanción administrativa no es suficiente y que la gravedad de las conductas exige una sanción penal, como en el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos.

Estas modificaciones también atañen al delito fiscal. Ambos delitos agravados tendrán hasta seis años de cárcel y 10 de prescripción. El fiscal se aplica cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización criminal. En cambio, se favorece la regularización, que se desvincula del blanqueo, para incentivar la amnistía fiscal.

AUTONOMÍAS

Sin embargo, en lo relativo a las comunidades, el Consejo de Ministros tampoco advirtió ayer a las que no van encaminadas al cumplimiento del objetivo del déficit del 1,5% para 2012, como establece la Ley de Estabilidad. Montoro dijo que lo haría el viernes 20 y luego aseguró que serían apercibidas el 27.

Sáenz de Santamaría dijo ayer que se tomarán las "medidas pertinentes" cuando se termine de analizar los planes de ajuste. Y deslindó el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de la adhesión al fondo de liquidez autonómico. "Se irán marcando los elementos para garantizar la devolución del dinero prestado", aseguró.