El fracasado modelo autonómico es insostenible. ¿Hacia qué otro modelo nos dirigimos?
En la reunión bilateral Gobierno/Comunidades, donde se acordó el nuevo techo de gasto para el 2013, Beteta pronunció una frase que me dejó pensativo y me incitó a escribir este post. La frase fue la siguiente: "Las comunidades solo han liquidado 2 de las 600 empresas públicas previstas". Además, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas se extendió y dijo que "se mide en centécimas" el grado de compromiso de las Autonomías al respecto.Ya no me quedaron dudas de cuál es la verdadera rémora del país después de leer esas dos sencillas frases.
Las comunidades autónomas son el motor del sector público. Después de 34 años de que se comenzara a forjar la España de las autonomías, las CCAA controlan ya la sanidad, la educación, tienen policía, manejan la Justicia... Es decir, que si la maquinaria financiera que sustenta estos servicios revienta, saltará irremediablemente por los aires todo el Estado del Bienestar. Varias regiones han solicitado en los últimos días auxilio al Gobierno central para hacer frente a sus compromisos de pago, una petición desesperada a la que tendrá que ceder el presidente Mariano Rajoy. Algún ministro reconoce en privado que el Ejecutivo es consciente que si cae una comunidad, los mercados hundirían a todo el país.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo hace una semana un diagnóstico que asusta, pero que puede ayudar a entender la actual situación: "Si usted examina lo que es ya el presupuesto de los Ministerios del Estado y descuenta, efectivamente, esas obligaciones ineludibles, no ya de la Seguridad Social, porque es del Sistema Público de Empleo, sino del propio Estado, ya estamos en un rango total de gastos del Estado que es equivalente a un poco más de una Comunidad Autónoma de tamaño medio de España", explicaba.
"Solo entre dos comunidades, Cataluña y Comunidad valenciana, ya gastan más que TODOS los Ministerios estatales juntos... y las dos han solicitado rescate"
De hecho, si se analizan las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos grandes regiones que han solicitado ya asistencia financiera para poder hacer frente a sus vencimientos de deuda, gastan juntas en un sólo año 38.288,4 millones de euros, más que todos los ministerios del Estado, que tuvieron un Presupuesto anual en 2012 de 35.392 millones de euros.
Sin embargo, la comparativa es mucho más llamativa cuando se hace con el conjunto de las comunidades autónomas. El gasto no financiero de las regiones ascendía a 127.116,8 millones de euros en 2012, el triple que el que manejan el conjunto de los departamentos que dirige Mariano Rajoy. Contando incluso con el gasto en deuda pública, en desempleo y con las transferencias para tapar el agujero de la Seguridad Social (tres partidas que se comen la mayor parte del Presupuesto estatal) las comunidades siguen gastando más fondos (127.116 millones de euros anuales) que la propia Administración central (que gastó 116.109 millones en 2012 y que tiene previsto agotar 126.792 millones en 2013 por las tensiones financieras).
Si además se tiene en cuenta que el sistema de financiación autonómica que puso en marcha el anterior Gobierno cede la mitad de la recaudación de algunos grandes impuestos a las comunidades, el Estado tiene cada vez menos margen de maniobra real para garantizar al 100% a la Comisión Europea que cumplirá con el objetivo de estabilidad.
Lo de intervenir Comunidades Autónomas incumplidoras no es nuevo, es algo que las cuentas del Estado están pidiendo a gritos... pero no aparece el político valiente que lo haga.
Aquí es donde entra en juego el mayor ajuste del gasto de la democracia y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las dos armas que ha construido Hacienda para recuperar la confianza en el corto plazo. La primera norma permite al Ejecutivo, en teoría, enviar emisarios de Hacienda a las consejerías para tutelar los presupuestos. También da al Senado la potestad de aprobar un plan de ajuste para una comunidad si esta se niega a hacerlo. Pero otra cosa es la práctica: aún no se ha puesto en ningún momento en marcha este mecanismo, que podría generar gran tensión social y que podría toparse con recursos en los tribunales.
Al margen de estas medidas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúne hoy a los barones en Génova para cerrar filas en torno a la reducción del déficit y lanzar un mensaje contundente a Bruselas.
El agujero de las comunidades también ha forzado a aprobar el último decreto para reducir el déficit, aunque el PP haya tenido que renunciar a la mayor parte de su programa electoral. El Gobierno ha recurrido a las pocas medidas que todavía puede obligar a adoptar a las regiones: bajar los salarios y subir los impuestos. El recorte de la paga extra a los funcionarios, la subida del IVA y del IRPF inyectarán cuantiosos fondos en las arcas de las administraciones territoriales. El problema es que estas medidas sólo funcionan a costa del bolsillo de los ciudadanos... Y lastran el crecimiento del PIB.
Por lo tanto, la última esperanza para sanear la estructura del gasto en España es la condicionalidad que tendrá el nuevo fondo de rescate para las comunidades. Si con esta herramienta no se consigue obligar a la CCAA a reducir entes públicos fantasma y a convertir en viables servicios esenciales como la sanidad, la Justicia o la educación, la única alternativa será la intervención completa del país.
Un extremo que podría obligar, en el medio o en el largo plazo a cambiar las reglas del juego y a reformar la Constitución para garantizar la viabilidad de España.
Las comunidades autónomas son el motor del sector público. Después de 34 años de que se comenzara a forjar la España de las autonomías, las CCAA controlan ya la sanidad, la educación, tienen policía, manejan la Justicia... Es decir, que si la maquinaria financiera que sustenta estos servicios revienta, saltará irremediablemente por los aires todo el Estado del Bienestar. Varias regiones han solicitado en los últimos días auxilio al Gobierno central para hacer frente a sus compromisos de pago, una petición desesperada a la que tendrá que ceder el presidente Mariano Rajoy. Algún ministro reconoce en privado que el Ejecutivo es consciente que si cae una comunidad, los mercados hundirían a todo el país.
Gráfico de evolución histórica de la Deuda Pública. Piquen sobre la imagen y observen con detalle la evolución de la deuda de Galicia, País Vasco y Cataluña y el resto de entes estatales.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo hace una semana un diagnóstico que asusta, pero que puede ayudar a entender la actual situación: "Si usted examina lo que es ya el presupuesto de los Ministerios del Estado y descuenta, efectivamente, esas obligaciones ineludibles, no ya de la Seguridad Social, porque es del Sistema Público de Empleo, sino del propio Estado, ya estamos en un rango total de gastos del Estado que es equivalente a un poco más de una Comunidad Autónoma de tamaño medio de España", explicaba.
"Solo entre dos comunidades, Cataluña y Comunidad valenciana, ya gastan más que TODOS los Ministerios estatales juntos... y las dos han solicitado rescate"
De hecho, si se analizan las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos grandes regiones que han solicitado ya asistencia financiera para poder hacer frente a sus vencimientos de deuda, gastan juntas en un sólo año 38.288,4 millones de euros, más que todos los ministerios del Estado, que tuvieron un Presupuesto anual en 2012 de 35.392 millones de euros.
Sin embargo, la comparativa es mucho más llamativa cuando se hace con el conjunto de las comunidades autónomas. El gasto no financiero de las regiones ascendía a 127.116,8 millones de euros en 2012, el triple que el que manejan el conjunto de los departamentos que dirige Mariano Rajoy. Contando incluso con el gasto en deuda pública, en desempleo y con las transferencias para tapar el agujero de la Seguridad Social (tres partidas que se comen la mayor parte del Presupuesto estatal) las comunidades siguen gastando más fondos (127.116 millones de euros anuales) que la propia Administración central (que gastó 116.109 millones en 2012 y que tiene previsto agotar 126.792 millones en 2013 por las tensiones financieras).
Si además se tiene en cuenta que el sistema de financiación autonómica que puso en marcha el anterior Gobierno cede la mitad de la recaudación de algunos grandes impuestos a las comunidades, el Estado tiene cada vez menos margen de maniobra real para garantizar al 100% a la Comisión Europea que cumplirá con el objetivo de estabilidad.
Lo de intervenir Comunidades Autónomas incumplidoras no es nuevo, es algo que las cuentas del Estado están pidiendo a gritos... pero no aparece el político valiente que lo haga.
Aquí es donde entra en juego el mayor ajuste del gasto de la democracia y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las dos armas que ha construido Hacienda para recuperar la confianza en el corto plazo. La primera norma permite al Ejecutivo, en teoría, enviar emisarios de Hacienda a las consejerías para tutelar los presupuestos. También da al Senado la potestad de aprobar un plan de ajuste para una comunidad si esta se niega a hacerlo. Pero otra cosa es la práctica: aún no se ha puesto en ningún momento en marcha este mecanismo, que podría generar gran tensión social y que podría toparse con recursos en los tribunales.
Al margen de estas medidas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúne hoy a los barones en Génova para cerrar filas en torno a la reducción del déficit y lanzar un mensaje contundente a Bruselas.
El agujero de las comunidades también ha forzado a aprobar el último decreto para reducir el déficit, aunque el PP haya tenido que renunciar a la mayor parte de su programa electoral. El Gobierno ha recurrido a las pocas medidas que todavía puede obligar a adoptar a las regiones: bajar los salarios y subir los impuestos. El recorte de la paga extra a los funcionarios, la subida del IVA y del IRPF inyectarán cuantiosos fondos en las arcas de las administraciones territoriales. El problema es que estas medidas sólo funcionan a costa del bolsillo de los ciudadanos... Y lastran el crecimiento del PIB.
Por lo tanto, la última esperanza para sanear la estructura del gasto en España es la condicionalidad que tendrá el nuevo fondo de rescate para las comunidades. Si con esta herramienta no se consigue obligar a la CCAA a reducir entes públicos fantasma y a convertir en viables servicios esenciales como la sanidad, la Justicia o la educación, la única alternativa será la intervención completa del país.
Un extremo que podría obligar, en el medio o en el largo plazo a cambiar las reglas del juego y a reformar la Constitución para garantizar la viabilidad de España.
Comentarios
Publicar un comentario