Los recortes vendrán desde la cola del INEM y pasarán con IVA incuido.

Las exigencias europeas a cuenta del rescate financiero comienzan a perfilarse con total nitidez en boca de nuestros políticos. En las últimas horas hemos sabido que el ejecutivo de Rajoy va a modificar el sistema de prestaciones por desempleo hasta ahora conocido por lo escandalizados que se muestran por dicho sistema nuestros socios y rescatadores europeos. Y es que en Europa, y en todo el mundo occidental diríamos, están realmente escandalizados de que en España un desempleado pueda estar, sin muchos requisitos, hasta 7 años tirando de subsidios por desempleo. Pero vayamos al grano del asunto y expliquemos en qué consistirá el "recorte" y cómo se producirá el mismo.

El Gobierno está cocinando una modificación de la prestación por desempleo, una medida semejante no se recuerda desde la recesión de los años 1992 y 1993. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo baraja reducir del 70% al 60% del último salario la cuantía de la prestación que el parado percibe durante los primeros seis meses. A partir de los citados 6 meses, el subsidiado se mantendría en el 60% hasta agotar el subsidio.

Estas medidas en estudio van encaminadas a incentivar la búsqueda de empleo por parte de los parados subsidiados. El Ejecutivo ha comprobado que, cuando no son parados de larga duración, muchas de estas personas, tienen una estancia media en el desempleo de diecisiete meses. Esto indica que, con mucha frecuencia, deciden aceptar un trabajo cuando se acerca el final de la protección.

El Gobierno está trabajando sobre la prestación contributiva. Es decir, sobre la que genera la cotización al desempleo que hace el trabajador mientras está ocupado. Por tanto, no afecta al subsidio, que tiene carácter asistencial y que percibe el parado con responsabilidades familiares.

En estos momentos, según el Ministerio de Empleo, la cuantía media de la prestación contributiva bruta es de 865 euros mensuales.

Esto se debe a que esta cobertura, como las pensiones, responde a la cotización durante el tiempo en el que el beneficiario tuvo trabajo y tiene una cuantía máxima, aunque, en ocasiones, el desempleado proceda de un trabajo con un salario muy elevado.

El techo de la prestación oscila en función de las responsabilidades familiares del desempleado. Por ejemplo, el que tenga dos o más hijos tiene derecho a percibir 1.397,83 euros. Es decir el equivalente al 225%, más una sexta parte, de la renta social conocida como Iprem.

Si el desempleado tiene un hijo tiene derecho a percibir como máximo 1.242,52 euros, equivalente al 200% del Iprem, más una sexta parte. Es decir, 1.242 euros. Finalmente, el desempleado que no tiene hijos tiene derecho a cobrar como mucho 1.087,20 euros mensuales

"Estamos estudiando muchas propuestas. Todo está sobre la mesa y no hay nada definitivo", sostienen las fuentes de la administración y conocedoras de la reforma que prepara el Gobierno.

Sin embargo, el Gobierno también esta estudiando ampliar el periodo mínimo de cotización exigido al trabajador para poder acceder a la prestación. Incluso, hasta un 20%. De esta forma, la contribución pasaría de doce a catorce o quince meses.

Eso sí, el periodo de percepción de la prestación se mantendría en los cuatro meses como hasta ahora. Es decir, más tiempo de cotización al desempleo para el mismo periodo de cobertura.

Si es así el Gobierno tendría que mover toda la escala para desincentivar la cotización. Hasta ahora, el tope máximo de protección en el desempleo es de dos años, siempre que, como mínimo, se haya cotizado seis años.

Periodo de cobertura.

Precisamente, en este punto, el Ejecutivo se está planteando reducir este tope de protección. De 24 a 18 meses. La medida añadiría otra razón más para obstaculizar las prejubilaciones en las empresas con beneficios y con más de cien trabajadores.

O dicho de otra manera, puede obligar a las empresas a elevar su oferta a los trabajadores de mayor edad para que se vayan. Actualmente, las compañías que hacen una regulación de empleo tienen que ofrecer un plan social o de recolocación a los empleados.

Si tienen más de 100 trabajadores y cuentan con beneficios, están obligadas a aportar al Tesoro el coste para el desempleo de sus trabajadores mayores de 50 años.

Todas estas propuestas son difíciles de presentar para el Gobierno, porque, a a partir de su entrada en vigor, recortaría la prestación de los desempleados. Es decir, significaría una nueva ruptura de una promesa del Ejecutivo sobre que no iba a recortar la cuantía y el periodo del desempleo, sino, sólo a reforzar la lucha contra el fraude.

Precisamente, una reforma de este calado costó sendas huelgas generales al Gobierno de Felipe González, en 1994, y al Ejecutivo de José María Aznar, en 2002. En el segundo caso, Aznar retiró su propuesta de modificación de la protección por desempleo.