Cataluña después de la sentencia. Salvador Sostres.
España ha dictado sentencia sobre cuál es su legalidad y está claro que el pacto de mínimos que es el Estatut no cabe en ella. Ante esto, hay tres posibilidades. La primera, rendirse a este dictado y aceptar que el catalanismo político ha de vivir dentro de estos límites. La segunda, intentar cambiar estos límites, intentar cambiar, por lo tanto, la legalidad de España y probablemente a España en su “conceto”, como diría el lumbreras de Pepiño Blanco. La tercera es asumir que no se cabe en España e iniciar los trámites para marcharse. O sea, dar por terminada la vía de la conllevancia y del encaje y afrontar el camino del conflicto, siempre pacífico, que lleve a Cataluña a poderse dotar de una legalidad propia, o sea, de un Estado propio, donde pueda existir en plenitud.
La primera opción, conformarse con los límites políticos y legales que ha dictado el Tribunal Constitucional, no es mi opción pero me parece legítima y perfectamente válida y es la que prefiere una parte de los ciudadanos de Cataluña. Como no es posible convocar un referendo para saber qué parte de los ciudadanos de Cataluña se inclina por esta opción, no sabemos de cuánta gente se trata. Si tenemos que hacer caso de las encuestas, cada una dice algo distinto. La última, la que publicó hace una semana El Periódico de Cataluña, el panfleto socialista y por lo tanto poco sospechoso de ser secesionista, decía que los partidarios de quedarse tal cual eran un 38 por ciento de los encuestados.
La segunda opción, la de cambiar España, me parece poco justa, en el sentido de que cada nación tiene derecho a ser como es y a dictar su legalidad. Además, todos y cada uno de los partidos políticos catalanes han intentado en alguna ocasión dialogar con España, cambiarla, transformarla, para que Cataluña pudiera encajar en ella. Antes de la Guerra Civil lo intentaron la Lliga y luego la Esquerra Republicana de los presidentes Francesc Macià y Lluís Companys. A partir de la recuperación de la democracia, lo intentaron la Convergencia de Jordi Pujol con Felipe y con Aznar, lo intentaron Maragall y Carod con Zapatero, Artur Mas también lo intentó con Zapatero -y juntos aprobaron el Estatut sobre el que ahora el TC ha fallado- y también Montilla intentó entenderse con ZP cuando llegó a presidente. Todos estos intentos, los de antes y los de después, más allá de algunos acuerdos positivos y puntuales (como el pacto de Pujol y Aznar) no han dado el resultado esperado y Cataluña no ha resuelto su encaje en España. Eso es lo que piensa un 45 por ciento de los catalanes, que según la última encuesta de El Periódico se declaran partidarios de la independencia. De todos modos, insisto en que tendríamos datos más fiables y sobre los que construir un debate auténtico si se pudiera convocar un referendo.
Y he aquí que la independencia, es decir, la superación de la legalidad española para crear una propia, es la tercera opción. O como mínimo preguntarles a los catalanes, ante el fin de trayecto que la sentencia del TC representa, si están bien así o si creen que Cataluña debe emanciparse para poder autogobernarse plenamente y decidir ella misma su futuro. Ello supondría un desafío a la legalidad vigente, por descontado, y se trata de saber si Artur Mas y CiU están dispuestos a ir por ese camino o van a conformarse con lo que ha dictado el TC, porque lo que está claro es que es una cosa o la otra, que no hay camino del medio porque éste ya ha sido explorado y ayer conocimos donde lleva.
El partido que con más probabilidad va a gobernar Cataluña después de las elecciones del otoño tiene que decidir si da por terminado el proceso autonómico y se conforma con lo conseguido y consignado hasta hoy, o si entra en conflicto con el Estado y opta por la secesión. A estas alturas, más allá de toda cuanta palabrería vacía y barata, de manifestaciones y otras bobadas, sólo quedan estas dos opciones. El resto es escurrir el bulto, hacer ver que no se ve y engañarnos.
La segunda opción, la de cambiar España, me parece poco justa, en el sentido de que cada nación tiene derecho a ser como es y a dictar su legalidad. Además, todos y cada uno de los partidos políticos catalanes han intentado en alguna ocasión dialogar con España, cambiarla, transformarla, para que Cataluña pudiera encajar en ella. Antes de la Guerra Civil lo intentaron la Lliga y luego la Esquerra Republicana de los presidentes Francesc Macià y Lluís Companys. A partir de la recuperación de la democracia, lo intentaron la Convergencia de Jordi Pujol con Felipe y con Aznar, lo intentaron Maragall y Carod con Zapatero, Artur Mas también lo intentó con Zapatero -y juntos aprobaron el Estatut sobre el que ahora el TC ha fallado- y también Montilla intentó entenderse con ZP cuando llegó a presidente. Todos estos intentos, los de antes y los de después, más allá de algunos acuerdos positivos y puntuales (como el pacto de Pujol y Aznar) no han dado el resultado esperado y Cataluña no ha resuelto su encaje en España. Eso es lo que piensa un 45 por ciento de los catalanes, que según la última encuesta de El Periódico se declaran partidarios de la independencia. De todos modos, insisto en que tendríamos datos más fiables y sobre los que construir un debate auténtico si se pudiera convocar un referendo.
Y he aquí que la independencia, es decir, la superación de la legalidad española para crear una propia, es la tercera opción. O como mínimo preguntarles a los catalanes, ante el fin de trayecto que la sentencia del TC representa, si están bien así o si creen que Cataluña debe emanciparse para poder autogobernarse plenamente y decidir ella misma su futuro. Ello supondría un desafío a la legalidad vigente, por descontado, y se trata de saber si Artur Mas y CiU están dispuestos a ir por ese camino o van a conformarse con lo que ha dictado el TC, porque lo que está claro es que es una cosa o la otra, que no hay camino del medio porque éste ya ha sido explorado y ayer conocimos donde lleva.
El partido que con más probabilidad va a gobernar Cataluña después de las elecciones del otoño tiene que decidir si da por terminado el proceso autonómico y se conforma con lo conseguido y consignado hasta hoy, o si entra en conflicto con el Estado y opta por la secesión. A estas alturas, más allá de toda cuanta palabrería vacía y barata, de manifestaciones y otras bobadas, sólo quedan estas dos opciones. El resto es escurrir el bulto, hacer ver que no se ve y engañarnos.
Que es lo que van a hacer, por cierto.
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