Ofensiva fiscal de los barones socialistas. Editorial de Expansión.com
La subida de impuestos aparece siempre como la receta mágica de los socialistas para solucionar los problemas económicos. Más allá del enigmático tributo para ricos que prepara Zapatero, el tripartito catalán ha abierto la veda de las subidas generalizadas de impuestos y tras su estela seguirán el resto de autonomías gobernadas por el Partido Socialista, en lo que se define como una estrategia común para combatir el desequilibrio de las cuentas públicas.
Montilla ha decidido en Cataluña revisar al alza la fiscalidad de las transmisiones patrimoniales y de los actos jurídicos documentados –menuda ayuda al comprador de vivienda–, además de una subida del impuesto de matriculaciones a los vehículos más contaminantes –peculiar ejercicio de coherencia después de que fuera la autonomía más generosa en el Plan 2000E de ayudas a la compra de coches con independencia de las emisiones–. Cataluña aplicará también una penalización fiscal en el IRPF para rentas superiores a 100.000 euros.
Este planteamiento fiscal, al que se podría sumar la revisión del impuesto de sucesiones y la llamada fiscalidad verde, y siempre con el pretexto de que se trata de gravar a los más favorecidos, es el que están estudiando otras autonomías dirigidas por el PSOE, como Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este planteamiento concertado tiene como objetivo su escenificación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno aspira a concretar el alcance del ajuste que deberán hacer las autonomías.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, justifica la subida de impuestos como “el precio que pagan los ciudadanos” por vivir en un país moderno. La presión fiscal en España, entendiendo como tal el peso de la recaudación impositiva en el PIB, ha descendido significativamente porque la crisis ha hundido la recaudación, pero no porque los impuestos sean bajos.
Los dirigentes políticos deberían preguntarse si realmente el problema de las cuentas públicas no reside tanto en una insuficiente dimensión impositiva como en la generalizada ausencia de austeridad en la gestión de los recursos. La crisis económica y el colosal agujero de las cuentas públicas ha puesto en evidencia la insostenible arquitectura administrativa de Estado, con tres niveles administrativos –central, autonómico y local– superpuestos, y la urgencia de plantear una revisión a fondo de dichas estructuras.
Lo primero que deben hacer los dirigentes políticos es eliminar el gasto superfluo y prescindible, empezando por ministerios, consejerías y concejalías inútiles, además de las numerosos empresas y organismos autonómicos y locales y la legión de televisiones públicas regionales.
La estabilidad presupuestaria debe ser una prioridad de la política económica, pero no a costa de esquilmar al contribuyente y de retrasar aún más la recuperación, porque esa será la consecuencia inmediata de una subida de impuestos: menos crecimiento y más paro.
Montilla ha decidido en Cataluña revisar al alza la fiscalidad de las transmisiones patrimoniales y de los actos jurídicos documentados –menuda ayuda al comprador de vivienda–, además de una subida del impuesto de matriculaciones a los vehículos más contaminantes –peculiar ejercicio de coherencia después de que fuera la autonomía más generosa en el Plan 2000E de ayudas a la compra de coches con independencia de las emisiones–. Cataluña aplicará también una penalización fiscal en el IRPF para rentas superiores a 100.000 euros.
Este planteamiento fiscal, al que se podría sumar la revisión del impuesto de sucesiones y la llamada fiscalidad verde, y siempre con el pretexto de que se trata de gravar a los más favorecidos, es el que están estudiando otras autonomías dirigidas por el PSOE, como Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este planteamiento concertado tiene como objetivo su escenificación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno aspira a concretar el alcance del ajuste que deberán hacer las autonomías.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, justifica la subida de impuestos como “el precio que pagan los ciudadanos” por vivir en un país moderno. La presión fiscal en España, entendiendo como tal el peso de la recaudación impositiva en el PIB, ha descendido significativamente porque la crisis ha hundido la recaudación, pero no porque los impuestos sean bajos.
Los dirigentes políticos deberían preguntarse si realmente el problema de las cuentas públicas no reside tanto en una insuficiente dimensión impositiva como en la generalizada ausencia de austeridad en la gestión de los recursos. La crisis económica y el colosal agujero de las cuentas públicas ha puesto en evidencia la insostenible arquitectura administrativa de Estado, con tres niveles administrativos –central, autonómico y local– superpuestos, y la urgencia de plantear una revisión a fondo de dichas estructuras.
Lo primero que deben hacer los dirigentes políticos es eliminar el gasto superfluo y prescindible, empezando por ministerios, consejerías y concejalías inútiles, además de las numerosos empresas y organismos autonómicos y locales y la legión de televisiones públicas regionales.
La estabilidad presupuestaria debe ser una prioridad de la política económica, pero no a costa de esquilmar al contribuyente y de retrasar aún más la recuperación, porque esa será la consecuencia inmediata de una subida de impuestos: menos crecimiento y más paro.
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