Un semestre 'horribilis' para presidir la UE. María Ramírez.

Termina un semestre de mucho trabajo, poco sueño y demasiadas turbulencias para la UE y la Presidencia de turno española, que el jueves tuvo su último Consejo Europeo con un final sobrio. Tras una reunión tranquila, diurna y corta, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero renunció al discurso auto-congratulatorio habitual en Bruselas.

En el patio acristalado, no se brindaba bajo las ondas luminosas colgadas del techo por el escultor Daniel Canogar y que han ido perdiendo intensidad este semestre. No se repartían bombones, carteras o paraguas de regalo, ni siquiera bolígrafos, extinguidos por la crisis y la decadencia del rito de los relevos nacionales, que han perdido poder con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la llegada de Herman Van Rompuy y el complicado aparato que acompaña al nuevo sistema.

Pero, más allá de la obligada discreción, el presidente Zapatero difícilmente podía imaginar en enero que su prioridad europea este semestre acabaría siendo la defensa del Estado español de la quiebra.

El presidente empezó su turno con una pequeña polémica sobre el uso de la expresión 'medidas correctivas', que él defendía para quienes no cumplan con los objetivos de la UE para 2020 sobre niveles de educación, pobreza o I+D, algo inadmisible para Alemania. Y lo ha terminado con una declaración de los Veintisiete que tiene como tema casi monográfico las sanciones si bien no las que respaldaba España, sino las que obsesionan a Berlín: los castigos para los infractores del Pacto de Estabilidad con déficit.

Ya el 11 de febrero, Zapatero entendió que tal vez le convenía aprovechar su papel reducido según el formato del nuevo Tratado, que sólo deja en manos de los ministros del país de la Presidencia el liderazgo de todos los Consejos sectoriales menos Exteriores. Van Rompuy había convocado para ese día una cumbre para reflexionar sobre las reformas y donde se acabó discutiendo sólo de la crisis griega. El presidente del Consejo Europeo reunió en su despacho a Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, que negociaban por su cuenta, y a los presidentes de la Comisión y el Banco Central Europeo.

Zapatero se quedó fuera del acuerdo, pero su ausencia de la foto era irrelevante en comparación con el motivo de fondo. "Hubiera sido muy raro que el primer ministro español estuviera en la reunión sobre Grecia después de lo que se había dicho sobre España y Portugal", explicaba después uno de los presentes, cuando ya se empezaba a mirar hacia la endeudada y poco competitiva Península Ibérica como fuente de problemas.

Van Rompuy y Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, se encargaron de la agonía griega, según las instrucciones dictadas por Merkel y Sarkozy, aunque el papel más duro le tocó a la vicepresidenta Elena Salgado. La reunión del 9 de mayo, el poco glorioso Día de Europa, fue el apogeo del sufrimiento. Presidía un cónclave de emergencia con un enfrentamiento abierto entre la Comisión, el Consejo, Alemania, Francia y Reino Unido; se buscaba un plan de rescate europeo para evitar la muerte del euro, o casi, y convencer a los mercados, al menos un rato, antes de la apertura de la Bolsa de Tokio, y se le exigían a España duros recortes del gasto. Pasadas las dos y veinte de la madrugada, Salgado salió a explicar el acuerdo tan exhausta que, haciendo un esfuerzo para articular las palabras tras más de 12 horas de negociación, la anglohablante ministra confundía el 'billion' en inglés (1000 millones) con el billón en castellano.

"La UE vive la mayor crisis desde su creación. Y a la Presidencia española le ha tocado la gestión mientras tenía que adaptarse al nuevo marco político", explica Thomas Klau, director en París del European Council on Foreign Relations. La Presidencia española reconoce sus límites, aunque defiende que un Estado grande, con una red eficaz de funcionarios y partidario de más integración europea era lo mejor que le podía haber pasado a la UE. "Es que podía haber sido peor", dice Cristina Gallach, portavoz de la Presidencia y quien asegura que, pese al estado de emergencia continuo, ha habido un pilotaje sereno en Bruselas" gracias a la solidez de la Administración española.

El Gobierno se enfrentaba a un intrincado nuevo sistema que le quita las oportunidades de lucimiento al primer ministro y al ministro de Exteriores del país de turno, que ya no lideran las reuniones, pero deja a la Presidencia el trabajo más laborioso de empujar la legislación en la mayoría de los Consejos. Un alto diplomático europeo lo describe así: "En Bruselas, en las reuniones, hablamos de falsos puntos B. Es decir cuando un punto ya está acordado, pero lo dejamos abierto para que algún país pueda intervenir: pues ésta es una Presidencia de punto B, una falsa Presidencia".

Al Gobierno, que empezó su turno cuando la Comisión Europea aún estaba en funciones, le quedaba encontrar el equilibrio con Herman Van Rompuy, un concienzudo intelectual que ha ocupado posiciones con habilidad y ha dejado fuera de juego a Zapatero y al celoso José Manuel Durão Barroso. Y, aún más difícil, con Catherine Ashton, la reticente jefa de Exteriores de la UE, dada a no aparecer en las cumbres (se ha saltado la mayoría de las españolas), a llegar tarde y marcharse pronto y a distraerse de las que le interesan poco (durante la cumbre latinoamericana, se enganchó al móvil mientras el presidente brasileño la observaba molesto).

Tanto Miguel Ángel Moratinos como Diego López Garrido han tenido que sustituirla en cumbres, reuniones y comparecencias parlamentarias. "En cuanto no le apetece hacer algo porque es polémico o porque se quiere ir de fin de semana largo a Londres, nos llama", se quejaba en abril un representante español. Mientras, el gabinete de Ashton protestaba porque el Gobierno tenía su agenda paralela o, por ejemplo, porque Moratinos no informó de la reunión con Cuba, este mes, hasta pocas horas antes de celebrarla.

"Ni Van Rompuy ni Ashton estaban plenamente operativos. Esto ha creado mucha incertidumbre, a veces confusión, a veces fricción", explica Klau, que disculpa a Ashton por estar volcada en la cocina interna para crear el servicio de acción exterior, que la Presidencia española aún intenta acordar este lunes in extremis.

Para complicar más el panorama, los ministros y los consejeros españoles se han pasado horas negociando en el Parlamento Europeo, el gran ganador del Tratado de Lisboa, pero que aún está acostumbrado a entretenerse con misiones electorales simbólicas fuera de la UE y debates no vinculantes y es lento a la hora de aprobar legislación donde sí tiene competencias. "Con el Tratado hemos ganado en visibilidad, pero hay más complicación interna" cuenta Gallach.

Ya que le había tocado la transición, España aún debía organizar varias cumbres en territorio nacional, aunque, según el Tratado, a partir de ahora todas se celebrarán en Bruselas. Por deferencia, el plan era que Zapatero co-presidiría las reuniones españolas con Van Rompuy y tendría su momento de gloria cuando Barack Obama llegara a Madrid para la cumbre UE-EEUU a finales de mayo.

El Ayuntamiento de Barcelona ya preparaba un recorrido especial para el presidente cuando el 1 de febrero el Departamento de Estado confirmó que Obama no tenía tiempo para más cumbres poco sustanciosas con la UE. En la sombra, varias fuentes reconocen que ni Van Rompuy ni Barroso estaban ansiosos por organizar un encuentro donde había que compartir foto y agenda con el presidente español.

Los estadounidenses le echaron la culpa al Tratado. "EEUU no quiere perder el tiempo con la UE mientras no le envíen un interlocutor claro. Es algo que la Unión aún no ha decidido, pero a Washington le importa poco, porque Europa ya no es tan fundamental como para celebrar las reuniones en sus propios términos", explica Klau.

La Presidencia defiende que la relación no se ha resentido. Además, tal vez el traspiés diplomático fue conveniente: Si Obama hubiera viajado a Madrid el 24 de mayo, el monotema de la reunión habría sido la crisis española.

El conflicto en Oriente Medio y la nefasta relación europea con el Gobierno Netanyahu desde el año pasado eliminó del calendario también la cumbre Euromediterránea, la favorita de Moratinos y que no se pudo celebrar ni siquiera a nivel ministerial.

Mientras las cumbres con Rusia o Pakistán se marcharon fuera de España, a la Presidencia le quedó la latinoamericana, considerada como el gran éxito del semestre para los intereses nacionales, con la firma de varios acuerdos con Mercosur, América Central, Colombia y Perú.

El ministro Moratinos se quedó con las ganas de eliminar la llamada Posición Común de la UE sobre Cuba, una declaración obra del Gobierno Aznar que pide la transición democrática e insiste en el diálogo con los disidentes. Hasta los diplomáticos españoles en Madrid y en Bruselas desconfiaban de que fuera siquiera posible plantear un debate que necesita la unanimidad de los Veintisiete cuando no había avances en la isla. Tras la muerte del disidente Orlando Zapata en la cárcel en febrero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reconoció que "no era el momento". En marzo, el Parlamento Europeo votó una dura resolución contra el régimen cubano, apoyada también por los eurodiputados del PSOE, que incluso rechazaron una enmienda de respaldo a los esfuerzos de la Presidencia por eliminar la Posición Común.

Con más destreza, España medió en los Balcanes pese a su delicada posición por no reconocer a Kosovo. El 2 de junio, en una reunión en Sarajevo, sólo pocos ministros europeos acudieron a la cita, pero la Presidencia logró que se sentaran a negociar en la misma mesa los representantes de Prístina y Belgrado, sin banderas ni otros símbolos, eso sí. En este semestre, también se ha desbloqueado la negociación para la adhesión de Serbia, que España lleva años defendiendo y Holanda, otros tantos bloqueando.

La relación más explosiva e inusual en este medio año ha sido, sin duda, entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la comisaria del ramo, la luxemburguesa Viviane Reding. En un poco productivo conflicto de competencias y detalles jurídicos, se han enfrentado, públicamente y con aspereza ya descortés, por la orden transfronteriza de protección de víctimas del maltrato.

La Comisión aún cuestiona la legalidad de un primer acuerdo para que la legislación se debata en la Eurocámara, que ni siquiera se atreve a poner por escrito que ha recibido el papel de la Presidencia española. Reding, la más descontrolada de los dos, aún arremete contra Caamaño en comunicados virulentos, mientras los eurodiputados socialistas han pasado al ataque, incluso con argumentos clásicos de los partidos euroescépticos, como que la UE protege más a las vacas que a las mujeres.

*María Ramírez tiene 31 años, estudió periodismo en el C.E.U. en Madrid, obtuvo una beca Fulbright con la que marchó a hacer un Máster a la Universidad de Columbia, realizó prácticas en Il Corriere della Sera en Milán, Expansión, RNE o la agencia EFE. Marchó a New York desde donde siguió prestando colaboraciones para El Mundo, Il Corriere y otras revistas. En Londres llevó a cabo actividades en el London School of Economics, desde donde prosiguió con sus colaboraciones para distintos medios. Tras su paso por la redacción de El Mundo en Madrid, desde septiembre de 2005, es corresponsal en Bruselas para dicho periódico.